Las acciones ejercidas contra la Isla por sucesivas administraciones estadounidenses no se enmarcan en la definición de "Embargo". Por el contrario, trascienden éste y tipifican un "Bloqueo" al perseguir el aislamiento, la asfixia y la inmovilidad de la nación, con el perverso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser soberano e independiente.
Desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909, es un principio aceptado en el derecho internacional que: “el bloqueo es un acto de guerra”.
Pero desde el 3 de febrero de 1962, cuando Kennedy estampó su firma, los continuos inquilinos de la Casa Blanca, tanto republicanos como demócratas, han ratificado la ilegal política bajo el manido y falso pretexto de que es un "asunto bilateral”.
La Ley Torricelli -promulgada en 1992 y firmada por George Bush, padre – reforzó las medidas económicas contra Cuba y brindó sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo.
Cuatro años después, en 1996, bajo el gobierno de William Clinton se puso en vigor la Ley Helms-Burton, con el objetivo esencial de obstaculizar y desestimular la inversión extranjera en la Isla, así como internacionalizar el bloqueo.
Pese a la retórica oficial que pretende convencer a la opinión pública internacional que el actual gobierno norteamericano ha introducido una política de cambios positivos, la Administración Obama mantiene intacto el andamiaje de leyes y disposiciones que conforman las bases legales y regulaciones del bloqueo.
Ese engendro continúa siendo una política absurda e ilegal, principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba. El Presidente de Estados Unidos cuenta con prerrogativas suficientes para modificar significativamente esa criminal sanción, incluso sin la intervención del Congreso. El daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta abril de 2013, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, asciende a 1 157 327 000 000 dólares estadounidenses.
Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución que exige su levantamiento. El pasado año el bloqueo fue condenado por 188 países, con Estados Unidos e Israel como sus únicos defensores.
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