Desde que estalló la crisis financiera en 2008, esta ha ido adquiriendo paulatinamente mayor calado e importancia. Lo que decían que era solo un problema de liquidez financiera parece que acabará siendo un punto de inflexión en la Historia contemporánea. La crisis del sector financiero se convirtió en poco tiempo en crisis de las finanzas estatales, debido a la presión política y la especulación que el sector financiero ejerció sobre los Estados que los rescataron, llevando a algunos de ellos a la quiebra, como Grecia, Portugal e Irlanda. Estas políticas de rescates a bancos y de recortes podrían llamarse perfectamente de expolio, y tienen el objetivo de imponer el modelo neoliberal que concentra la riqueza a base de desposeer y asfixiar a la ciudadanía.
Como decíamos, la crisis ha ido mutando sus adjetivos, pasando de financiera a económica, social, ecológica y, finalmente, de civilización. La indignación con este sistema devorador de personas y del medio ambiente provocó revueltas sociales a partir de 2010 en el norte de África, Europa y los Estados Unidos. Las primaveras árabes nacieron de la Revolución Tunecina en diciembre de 2010, que reclamaba el fin de la dictadura en el país. La revuelta se extendió después a Egipto y a diferentes países del norte de África y Oriente Medio, donde la ciudadanía salió a las plazas con demandas similares a las de Túnez. En poco tiempo surgieron también en el Estado español –así como algunas capitales de Latinoamérica y de todo el mundo– protestas en las que, de forma similar a las protestas árabes, la indignación se transmitía a través de las redes sociales de internet. Estas revueltas, a las que se ha llamado Primavera Árabe, el despertar de las plazas, o movimiento Occupy, que se extendieron por todo el país y otras capitales europeas.
Los debates de las plazas en Europa y los Estados Unidos surgían de la disconformidad con las ‘democracias formales’ en las que vivimos, que en realidad se percibían como eso: democracias solo de nombre pero no auténticas, en las que unos pocos tienen muchos privilegios a costa de la mayoría. De ahí que aparecieran consignas como las del “Somos el 99%” de Occupy o el “No nos representan” del 15M. En estos debates se iniciaron propuestas para avanzar hacia un proyecto de sociedad que profundice en la democracia en aspectos como conseguir la participación en la toma de decisiones colectivas o públicas; la exigencia de responsabilidades; mayor transparencia; cambios en la economía hacia objetivos que nos sirvan a todos y todas y que compartan mejor la riqueza generada; garantizar la protección, la inclusión, la educación y los cuidados para todos y todas; y la creación de espacios comunes en los que la solidaridad pueda florecer, buscando que el sistema sea lo más armónico posible con la naturaleza.
Con estas ambiciones colectivas aparecieron asambleas y grupos que trataban muchos de estos temas, por ejemplo movilizándose para defender los espacios públicos ya existentes, como en el caso de la educación y la sanidad públicas con plataformas como las Mareas Ciudadanas, o iniciativas como Economía Sol y Seminari Taifa, que han promovido el trabajo y el debate con el objetivo de impulsar alternativas más justas y funcionales. En otras ocasiones, los grupos aparecieron para denunciar los abusos y delitos en el sector bancario, como en el caso del 15MpaRato, que denunció las estafas cometidas por la dirección del banco rescatado Bankia, uOpEuribor, que se centró en investigar y denunciar la manipulación de los tipos de interés hipotecarios del Euribor. Otras plataformas, entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el Estado español y Strike Debt en los Estados Unidos, se han dedicado a dar apoyo a los ciudadanos y ciudadanas que asumieron deudas personales que les oprimen y que no pueden pagar, por lo que son desahuciados de sus casas y acosados por los bancos y las agencias de cobro en un momento en el que muchas personas no tienen ningún ingreso, ni visos de tenerlo.
La PAH, que es un grupo clave en el actual momento de cambio, ha destacado por su estrategia inteligente, que combina diferentes objetivos y actividades. Su organización se ha basado en promover la creación de grupos a nivel local (o de barrio en grandes ciudades), en los que las personas amenazadas por el impago de hipotecas y los desahucios se reúnen para expresarse, vincularse y encontrar estrategias para resistir a esta opresión. Dentro de sus acciones, destacan la resistencia a los desahucios con su presencia física y ocupación. De esta forma se han evitado más de 1.000 desahucios desde el inicio de la crisis (aunque, a pesar de ello, en el Estado español se registran en estos momentos casi 200 desahucios al día). Otra iniciativa se ha centrado en las ocupaciones, tanto de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores, como de edificios en propiedad de la SAREB o ‛banco malo’ –una sociedad creada por el Gobierno para comprar los activos tóxicos del sistema financiero– con el fin de alojar a familias desahuciadas. Esta iniciativa se conoce como Obra Social la PAH. La PAH también ha intervenido en el ámbito institucional, llevando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso de los Diputados y solicitando la dación en pago como opción para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. A pesar de ello, la propuesta fue rechazada por el Gobierno del Partido Popular (PP), con mayoría en el Gobierno, que elaboró una nueva ley con ligeros cambio cosméticos que no solucionaron ninguno de los problemas. Para presionar a los políticos del PP, la PAH ha realizado distintas campañas de escrache, consistentes en convocar concentraciones frente a los hogares de los políticos y durante actos públicos de aquellos que se oponen a realizar estos cambios, con el objetivo último de transmitirles el malestar de los desahuciados.
Las movilizaciones contra la deuda pública ilegítima
La aparición de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) reunió a finales de 2011 a activistas con una larga tradición en la lucha contra la deuda externa ilegítima en el Sur Global, como integrantes de la red Quién debe a Quién y del Observatori del Deute en la Globalització, junto con personas movilizadas por el estallido de las plazas contra la presente crisis de la deuda pública, impuesta en el Estado español. Esta Plataforma tomó desde el primer momento el referente de las auditorías ciudadanas llevadas a cabo en Brasil y Ecuador, en las que se analizaron las deudas del Estado para ver si su origen era legítimo o si había sido generada en contra de las intereses de la ciudadanía. Su objetivo es el de movilizar y sensibilizar a la población para que participe en un proceso de aprendizaje de los conceptos financieros básicos, de estudio de cómo se contrae la deuda, de demanda de transparencia y de responsabilidades, y finalmente de repudio de la deuda que la ciudadanía considere ilegítima.
Para realizar estas acciones, la PACD ha llevado a cabo desde su nacimiento un proceso colectivo de elaboración y debate sobre la definición de deuda ilegítima. También ha realizado un proceso similar para desarrollar un método de auditoría ciudadana en el que se determine la legitimidad o ilegitimidad de la deuda, basándose en trabajos previos realizados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en Ecuador.
Para facilitar la compresión de este tema –que no es fácil–, se han elaborado textos, exposiciones con dibujos y vídeos con formato pedagógico, explicando cómo se generó la deuda en el periodo reciente. Además, se han escrito informes técnicos de análisis de la fiscalidad, de los rescates bancarios y, del gasto y la deuda militares. Por otra parte, periódicamente se organizan charlas y conferencias, se publican artículos en prensa y se realizan apariciones en los medios para divulgar estos mecanismos que generan deuda ilegítima y para promover la campaña por las auditorías ciudadanas y la democratización de las finanzas públicas.
Recientemente también se han realizado campañas como Multireferèndum, que aboga por consultar a la ciudadanía sobre si debe pagarse la deuda ilegítima,o la organización de mociones contra la deuda ilegítima en los ayuntamientos, generada por el Plan de Pago de Proveedores, y que han sido aceptadas en varios municipios. Esto supone una victoria simbólica importante, al introducir el concepto de ilegitimidad de la deuda en el ámbito de la política institucional.
Otra iniciativa muy destacada enfocada a la transparencia y el empoderamiento ciudadano en el ámbito municipal promovida por la PACD y que ya se extiende por diferentes países de todo el mundo, es la de los Observatorios Ciudadanos Municipales. Consiste en grupos de personas que gestionan una web referente a su municipio, desarrollada con software libre (y fácilmente replicable), que publica los presupuestos municipales y promueve las consultas a los ayuntamientos por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta iniciativa acaba de cumplir dos años y ya está activa en varios municipios del Estado español, entre los cuales Girona, Burgos, Lleida, Sabadell, Castelldefels y Terrassa. Afortunadamente, la PACD no es la única iniciativa por las auditorías ciudadanas; el movimiento se extiende por toda Europa y algunos Estados del norte de África. Estos grupos forman la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda (ICAN, International Citizen Audit Network), y se reúnen de forma periódica (en marzo de 2014 tuvo lugar su IV Encuentro en Londres). Además, se comunican por internet de forma habitual para compartir trabajo y organizar campañas conjuntas. La red está formada por grupos como ELE de Grecia, Anglo is Not Our Debt de Irlanda, Debt Resistor UK y Jubilee Debt Campaign del Reino Unido, Iniciativa de Auditoria Cidadã à Divida Pública (IAC) en Portugal, Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique (CAC) en Francia, y muchos otros.
El nuevo panorama político que viene
La confluencia de todas estas movilizaciones está evidenciando la falta de legitimidad del sistema. Las movilizaciones y campañas de resistencia y sensibilización, muy activas en el Estado español, han dificultado, por ejemplo, el auge de la extrema derecha, como sucede en otros Estados europeos donde estas movilizaciones no han sido tan potentes. Esto es debido a la canalización de la frustración, la desesperación y el miedo hacia la generación de espacios de vinculación, apoyo y resistencia que, acompañados de un discurso que permite una mejor comprensión de las causas y de los responsables reales de los actuales problemas sociales, ayudan a superar la soledad, el miedo y generan la fuerza colectiva para resistir y transformar la realidad en la buena dirección. Se evita pues buscar falsos culpables que sirvan para desviar la atención lejos de las élites políticas y económicas, canalizando el miedo y la rabia hacia los más débiles, como lo hace el fascismo.
Las mismas movilizaciones cuestionan el bipartidismo político que se atrinchera en el parlamentarismo no participativo, que se extiende por todas las democracias europeas. La legitimidad del régimen español también es cuestionada desde Catalunya por la izquierda independentista representada por grupos como la CUP o elProcés Constituent, que persiguen, con voluntad emancipadora, la autodeterminación y separación de los Países Catalanes con respecto al Estado español para desarrollar un proyecto social más justo. Nuevas opciones políticas como Podemos en el ámbito estatal o Guanyem Barcelona en el ámbito municipal, que penetran el panorama de la política institucional con sensibilidades, ideas y maneras de hacer surgidas de las plazas, se suman a las alternativas que nos permiten ser optimistas.
El Estado español es un símbolo de este momento de incertidumbre e inflexión. Su régimen, la monarquía apuntalada por una constitución dudosa y un bipartidismo deslegitimado, se tambalea. En estos momentos, las élites políticas y económicas del Estado fuerzan un intento de imponer un nuevo rey, y de mantener el actual déficit democrático por unas décadas más, realizando pequeños cambios políticos para lavar la cara al régimen, y haciendo oídos sordos a las voces ciudadanas que piden poder decidir. Este intento es una jugada desesperada para frenar su caída y la cristalización de las protestas de los últimos años. En esta ventana de oportunidad que se abre, debemos hacernos oír más que nunca para que los sueños que se vislumbraban distantes en las plazas pasen a ser la nueva realidad.
*El artículo original fue publicado por la organización europea Transnational Institute, a 30 de Junio de 2014, y firmado por Sergi Cutillas, colaborador de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
