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13 diciembre, 2017

Comunicado a la ciudadanía




CARTA PUBLICA A LA CIUDADANIA:
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS SOCIALES, Y EL AUTOGOBIERNO DE AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
EXIGIMOS LA DEROGACION DE LA LEY ORGANICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El gobierno del estado, a través del Ministerio de Hacienda, ha intervenido recientemente las cuentas del ayuntamiento de Madrid impidiendo la aplicación de políticas públicas y sociales que benefician a la mayoría de la ciudadanía y especialmente a la población más vulnerable.
Esta tutela autoritaria del ayuntamiento de Madrid se realiza en aplicación de la “Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012 tras su aprobación en el Congreso de Diputados con el apoyo del PP, UPyD, UPN y CiU. Esta Ley, se inspira en la contrarreforma de la constitución española mediante el artº 135, que tuvo el apoyo del PSOE y PP en septiembre de 2011, y anticipa en España el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” en vigor desde el 1 de enero de 2013.
En una Carta pública enviada al Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2016, suscrita por personas del ámbito de la política, la cultura y los movimientos sociales, se denunciaba las consecuencias negativas que dicha legislación tendría sobre el bienestar de la mayoría social, al blindar las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Comisión Europea y el BCE, imponiendo objetivos arbitrarios sobre el déficit, la deuda y el gasto social públicos, opuesta a considerar otras políticas económicas alternativas, como las medidas de progresividad fiscal y lucha contra el fraude, recuperación de soberanía económica y popular, o sin tener en cuenta la propia evolución dela coyuntura económica, etc.
También se advertía en dicha Carta sobre la ruptura del equilibrio institucional entre el Gobierno central, el de las Comunidades autónomas, y el autogobierno municipal, y que la recentralización del estado que se ponía en marcha agravaría las tensiones territoriales en España.
Estos temores se han visto ampliamente confirmados. Como consecuencia de dicha legislación retrógrada nos encontramos ante la creación de un Estado “Gendarme” al servicio de los intereses de las élites que explotan y defraudan fiscalmente y que a su vez se arrodilla servilmente ante las oligarquías centroeuropeas y la banca y fondos transnacionales.
Ni siquiera la relativa mejora de la coyuntura económica ha permitido flexibilizar la aplicación de la legislación que blinda las políticas de privatizaciones y recortes sociales. En realidad, se trata de imponer a cualquier precio el objetivo de dominación de un Gobierno neoliberal en minoría parlamentaria. El gobierno de mariano Rajoy quiere evitar que las políticas sociales de los ayuntamientos del cambio puedan fructificar, hacerse visibles, y alentar la esperanza de cambio entre la mayoría social.
La intervención del Ministro Montoro sobre las cuentas del ayuntamiento de Madrid, y previamente sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña, lanza un mensaje amenazante al autogobierno de los ayuntamientos de España y de las Comunidades autónomas.
El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que gestionar con notable éxito la gigantesca deuda heredada y la desastrosa gestión trufada de corrupción y fraude de los anteriores alcaldes del PP, merece nuestro apoyo y solidaridad.
La defensa de la democracia, del derecho al autogobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas, para impulsar políticas sociales y de inversión pública en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, son incompatibles con las leyes que imponen de manera dogmática las políticas de ajuste y austeridad.
En consecuencia, las personas abajo firmantes, llamamos a adherirse a esta Declaración y movilizarse por el objetivo de derogar la “Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, elevar esta demanda al Congreso de los Diputados, así como exigir la dimisión del Ministro de Hacienda Sr. Cristobal Montoro, amigo de quienes defraudan al fisco y enemigo de los ayuntamientos e instituciones que gobiernan a favor del pueblo.
Noviembre 2017

Primeros firmantes
Julio Anguita González
Concepción Abellán Carretero, activista de Vamos
Felipe Alcaraz Massat, expresidente del PCE
Alberto Álvarez Vega, taxista y activista Elite taxi
Alejandro Andreassi Cieri, profesor (jubilado) de Historia Moderna y Contemporánea-UAB
Pedro Antunez Marin, profesor y sindicalista USTEA
Mariano Aragón Pascual, director de ACIM (As. Catalana de Investigación Marxista)
Mª José Aubet Semmler, filósofa, socióloga, y activista contra los Tratados de la UE
Ventureta Ballus i Vinyallonga viuda de SANS – contable jubilada
Toni Barbarà Molina, médico, activista de Marea Blanca
M. Antonia Barón Fernández, auxiliar Administrativa
Javier Bernad Aguilar, técnico comercial
Françoise Bonnetier Sourjac, profesora jubilada
Jaume Botey Vallés, profesor de historia de la Universidad Autónoma de Barcelona
Antonio Bujalance Cantero, secretario organización USTEA Córdoba
Rosa Cañadell Pascual, activista ILP de Educación y de Socialismo21
Rafael del Castillo Gomariz, activista antidesahucios Córdoba
Marcos de Castro Sanz, Jubilado
Washington Castro Mendez, Músico
María Teresa Cebrián Luque, Front Cívic
María José Coma Menéndez
Jorge Cortegana López, trabajador de SEAT (exdespedido)
Luis Cruz Miravet, sociólogo
Xesus Diaz Diaz, ex-secretaio xeral de CCOO de Galicia
Eva Mª Durán Blanco, periodista
Albert Escofet Sanchez, Plataforma Republicana
María Neus Escofet Sanchez, activista social
Santiago Fernandez Vecilla, miembro de Socialismo 21
Joaquin Fernandez Velazquez, médico
Ramon Franquesa Artés, profesor economía mundial Universidad de Barcelona, Coordinador Front Cívic de
Cataluña
Carmen García Ballesteros, Mesa estatal Frente Cívico
Juan García Ballesteros, profesor jubilado, presidente del Colectivo Prometeo de Córdoba
Maria Pilar Genovès Cailà, ama de casa y jubilada
Manuel Gómez González, miembro Comité de Empresa DAMM
Ildefonso Gómez Martínez, abogado Plataforma contra la impunidad del franquismo
Luis González Edreira, Maestro Industrial / Jubilado
Alberto Herbera López, trabajador de SEAT
Daniel Hierro Fresno, diputado de Podemos del Parlamento de Extremadura
Ignacio Jardón Arango, jubilado
Pedro Jimenez Muñoz, Front Cívic Prat de Llobregat
Rafael Jiménez García, activista Marea blanca y solidaridad con Cuba
Pere Jódar Martínez, Profesor de Sociología Universidad Pompeu Fabra
Salvador Jove i Peres, exEuropidutado
Pedro López López, profesor UCM
Antoni Lucchetti i Farre, economista y abogado
Patrizia Manzo Apice, activista social
Pere Mariné Jové, ingeniero, activista contra el turismo masivo y miembro Coordinadora CatComu
Manolo Marrero Morales, diputado Podemos Tenerife al Parlamento Canario
Pilar Martin, activista Marea Blanca y feminista Frida Kahlo
José Martínez Coy, activista social
Carlos Martinez García, co-primer secretario Alternativa Socialista
Manuel Martínez Llaneza, profesor Titular de Universidad
José Manuel Martínez Monereo, FCSM Pais Valenciano y miembro Mesa Estatal
Joan Mestres Giménez, activista movimiento desempleados
Francisco Molina Romero, jubilado de SEAT
Ivan Molinos Meire, sindicalista
Manolo Monereo Pérez, diputado de Unidos Podemos por Córdoba
Anna Monjo Omedes. Editora
Jordi Juan Monreal, miembro de la Cooperativa Colectivo Ronda
Juan Montero Ruiz, activista de los movimientos sociales
Pedro Montes Fernandez, economista, presidente de Socialismo 21
Pascual Moreno Torregrosa, Ingeniero agrónomo
Celestino Navarro Amorós, publicista y militante de EUPV
Juan Manuel Navarro Reina, Técnico en comunicación
José Antonio Naz Valverde, portavoz de Córdoba laica
María Dolores Nieto, concejal de Jaén en Común del ayuntamiento de Jaén
Arcadi Oliveres, Economista
Ignasi Orobitg Gené, agricultor apicultor
Francisco Palacios Romeo, profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza)
Jose Maria Parramon Homs, economista.
Miquel-Dídac Piñero Costa, libertario, pensionista, ex librero
Tomás Ramírez, FCSM Aragón y miembro Mesa estatal
Valentín Redondo González, activista sindical de CCOO
Clara Rivas Sugrañes
Juan Rivera Reyes, Coordinador Frente Cívico estatal
Lara Rodríguez Cánovas, Abogada
Pedro Ignacio Rojas Planas, profesor de secundaria
Carlos Ruiz Escudero, ingeniero
Domiciano Sandoval Valbuena, activista Marea Pensionista
Gabriel Sanz, profesor
Isabel Sanz, activista Marea Blanca y feminista Frida Kahlo
José Sarrión Andaluz, diputado IU en Junta Castilla-Leon y Coord. general IU Castilla-Leon
Santiago Silva Camps, profesor
Joan Tafalla Monferrer, maestro de primaria jubilado
Diosdado Toledano González, activista social
Agustín Velloso, profesor de la UNED
Núria Vidal de Llobatera Pomar, bióloga, Ecologistes en Acció



16 abril, 2016

Lo que no se dice ni se dirá de los papeles de Panamá



Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2016.

Este artículo muestra que el gran valor que tiene la información generada por los papeles de Panamá queda limitada por los canales a través de los cuales tal información se distribuye. Esta situación es especialmente preocupante en España, donde los mayores medios de información están financiados, en parte, por la gran banca española, que juega un papel clave en la formación de los paraísos fiscales.​

La publicación por parte de los mayores medios de comunicación del mundo occidental de las empresas ficticias establecidas con la ayuda de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha creado un gran revuelo, pues documenta lo que todo el mundo ya conoce, a saber, que el 1% de la población mundial (y el 1% de la gente más rica en cada país) deposita su dinero en paraísos fiscales a fin de esconderlo y/o evitar pagar impuestos en su propio país. Tal descubrimiento, por lo tanto, no es una novedad. La gran mayoría de la población sabe que los “super-ricos” tienen su dinero en paraísos fiscales. Lo que no saben, sin embargo, es que esta situación sería fácilmente corregible si hubiera voluntad para resolverla. Que no se resuelva se debe a que las personas que podrían hacerlo están ellas mismas implicadas en la transferencia de fondos a estos paraísos fiscales, o pertenecen a instituciones (representativas o no representativas) sumamente dependientes e influenciadas por los grupos financieros o empresariales, que son los que se benefician de tales paraísos. Es también ampliamente conocido que los mayores bancos en cada país, incluido en España, están metidos hasta la médula en este proceso de falsificación de empresas en dichos paraísos. Hasta aquí todo esto es conocido.
Ahora bien, lo que despierta gran interés y también curiosidad es ver los nombres concretos de los personajes relacionados con estos paraísos fiscales. Que ahora se vaya conociendo quién depositó allí sus fondos es una buena noticia. Y, sin embargo, tiene un gran problema que no se cita. Y este problema es que la enorme cantidad de información que se está descubriendo está siendo canalizada por los mismos medios de comunicación que han sido cómplices con el silencio ensordecedor que ha existido sobre este tema. Veamos, pues, los datos.

¿Quién obtuvo estos datos?
La investigación conocida ahora como “Panamá Papers” la ha realizado el International Consortium of Investigative Journalists (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), que ha sido financiado por varias instituciones estadounidenses tales como la Ford Foundation, el Carnegie Endowment, el Rockefeller Family Fund, la WK Kellog Foundation y la Open Society Foundation (financiada por el filántropo George Soros). Y tal información ha sido canalizada a través de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte, y muy en particular los medios de la Unión Europea y de EEUU, que tienen su propia agenda en la distribución de tal información. En realidad, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) fue el primer receptor de parte de aquella información que también fue recogida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, distribuyéndose a partir de entonces a través de The Guardian y otros medios. Son estos medios los que controlan esta información, habiendo mostrado solo una parte de los 11,5 millones de documentos recogidos. Esta situación es particularmente preocupante en España, donde los mayores medios de información tienen una relación muy estrecha, de dependencia financiera, con los grandes bancos del país (como el BBVA, el Santander y otros), bancos que han jugado un papel fundamental en canalizar dinero hacia otros paraísos fiscales, incluyendo Panamá. Es bien conocido que la gran prensa de España carece de diversidad ideológica, consecuencia, en parte, de la dependencia de tales medios de la gran banca que los financia.

La promoción del neoliberalismo por parte de la Gran Prensa y su silencio sobre la Banca
En este país, los grandes bancos, a través de su enorme influencia en los medios de información y persuasión, así como en los centros de investigación y propaganda como las fundaciones y revistas económicas, son los grandes promotores de las políticas neoliberales, incluyendo los recortes de gasto público social con el fin de reducir el déficit público y la deuda pública. A la vez, estos bancos han estado facilitando la utilización de paraísos fiscales para que las grandes empresas, las grandes familias y los super-ricos no paguen impuestos, generando así el déficit público. En realidad, si no hubiera habido este fraude fiscal, no habría habido ninguna necesidad de recortar en servicios públicos como sanidad, educación, servicios domiciliarios y un largo etcétera. El poder de la banca en España es enorme. Y de ahí que les aseguro a los lectores de este artículo que no verán en los medios españoles (incluyendo, naturalmente, los catalanes), tanto públicos como privados, sean escritos, orales o televisivos, un análisis de cómo los grandes bancos juegan un papel clave en el establecimiento de los paraísos fiscales. Esperen y lo verán. Y me sabe muy mal llevar razón en este punto, pero les garantizo que va a haber un silencio ensordecedor sobre cómo el BBVA o el Santander, entre otros (que promueven los recortes), están facilitando que se vaya el dinero a Panamá.

Otras observaciones
Esta canalización de las noticias explica también la gran atención que se ha dado a la figura de Putin, el actual presidente de Rusia, el supuesto enemigo nº 1 de Occidente, que ha sido objeto de un gran ataque mediático, presentándolo como el responsable de la inestabilidad en la Europa oriental y en Siria. He escrito críticamente sobre tal personaje (incluso antes de que colapsara la Unión Soviética) y la clase corrupta que representa, continuadora de aquella que controló el Estado Soviético (ver mi libro Social Security and Medicine in the USSR, escrito en 1977). Como consecuencia de tal crítica, mi libro fue prohibido y yo declarado persona non grata en aquel país. Cualquiera que haya leído mis trabajos sobre la Unión Soviética y su colapso entenderá que Putin no sea santo de mi devoción. Ahora bien, este dirigente ruso no es el único responsable de tales tensiones que estamos viendo en Ucrania o en Siria. En realidad, la mayor parte de las tensiones se derivan del comportamiento de la OTAN. Y entre los aliados de tal organización están algunas de las dictaduras más horribles hoy en el mundo, mucho peores que la rusa, como la de Arabia Saudí, profundamente corruptas, con amplias inversiones no solo en Panamá sino en España, sin que los mayores medios de información y persuasión españoles hayan analizado nunca estas inversiones y estas amistades con el establishment financiero-político-mediático español. Verán ustedes cómo aparecen muchos artículos sobre Putin (cuyo nombre, por cierto, no aparece en ninguno de los papeles) y muy pocos sobre los dirigentes de Arabia Saudí y su relación con los bancos españoles.
Una última observación. Es más que probable que en la lista de nombres que depositaban su dinero en Panamá no aparezcan ciudadanos o residentes estadounidenses, lo cual tiene que ver primordialmente con el hecho de que los paraísos fiscales que utilizan los super-ricos de EEUU están en el propio país (Wyoming, Delaware o Nevada). Los super-ricos estadounidenses no necesitan Panamá, Suiza u otros paraísos conocidos. Los tienen en su propio país. Sería interesante que se analizaran estos paraísos. También se sorprenderían de lo que verían. Pero es probable que tampoco lo vean. La libertad de prensa es la libertad de los que la poseen y controlan. Así de claro.



09 febrero, 2016

El TiSA desenmascara a PP, PSOE y Ciudadanos


Marina Albiol | eldiario.es | 04/02/2016
Desde las elecciones generales del 20-D no hemos dejado de escuchar cada día las recetas mágicas de PP, PSOE y Ciudadanos para mejorar la vida del pueblo. Los socialistas, en concreto, dicen que representan “el cambio”. Sin embargo, la clave, como pudimos comprobar desde la reforma laboral de Zapatero o la modificación del artículo 135 de la Constitución, está en Bruselas. El miércoles, todos los eurodiputados socialistas votaron junto a los del PP y Ciudadanos a favor del informe del Parlamento Europeo que da vía libre a la Comisión Europea para seguir negociando ‘el TTIP de los servicios’, como se ha bautizado en eldiario.es al TiSA. Y no podemos dejar de preguntarnos cómo el PSOE puede aspirar a liderar un Gobierno del cambio si sigue formando parte de la Gran Coalición en Europa.
El TiSA es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que están negociando en secreto medio centenar de países del mundo con realidades económicas y laborales muy diversas, como Noruega, Pakistán, México o los paraísos fiscales de Panamá y Suiza.
Es un acuerdo en el que la UE está representada por la Comisión Europea y que pretende fijar una serie de normas que regulen los servicios a escala global. Estas normas impedirían, por ejemplo, que los diferentes Estados miembros puedan legislar en favor de la voluntad popular blindando las privatizaciones, las liberalizaciones y la presencia de las grandes corporaciones multinacionales en sectores que van desde las telecomunicaciones, al transporte, pasando por la banca y la sanidad.
Esto es, básicamente, lo que han legitimado con su voto esos tres partidos. Y yendo a lo concreto, por ejemplo, podemos hablar del servicio de Correos. La Izquierda Unitaria Europea presentó una enmienda al texto, elaborado por la conservadora Viviane Reding, para tratar de impedir que se permita su privatización en toda Europa. Pero ninguno de esos tres partidos la apoyó. Y no lo hicieron porque, en el fondo, los tres están de acuerdo con la esencia privatizadora del TiSA.
Con sus votaciones, rechazaron también que todas las disposiciones del TiSA cumplan con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, dijeron no a la protección del empleo y la igualdad de género como criterios a tener en cuenta en la negociación, o a que las autoridades locales puedan priorizar las adjudicaciones a los proveedores de servicios locales y que tengan derecho a remunicipalizar los servicios.
En lo que se refiere al empleo, el TiSA aboga por que las empresas puedan desplazar a sus trabajadores de un país a otro a su total elección aplicándoles la legislación que más les convenga, en lo que parece un intento por reactivar la famosa Directiva Bolkenstein, pero a nivel global.
PP, PSOE y Ciudadanos han dado el visto bueno a este informe Reding que, como el TTIP, también contempla los tribunales de arbitraje, dejando claro que todos ellos están de acuerdo en que las multinacionales demanden a los Estados si sus legislaciones no les son favorables, y que puedan llevarlos ante tribunales supranacionales, dejando a los gobiernos vendidos ante las grandes corporaciones.
Pero ni siquiera esto es lo peor. PP, PSOE y Ciudadanos también votaron en contra de nuestra propuesta para que el TiSA sea considerado un Tratado mixto. Esto significa que, dadas todas las implicaciones del acuerdo y sus consecuencias tanto para la UE en su conjunto como para los Estados de forma individual, deba ser sometido a una votación en los parlamentos estatales. Dijeron no, por lo tanto, a que nuestros representantes en el Congreso de los Diputados debatan y decidan si el TiSA es un acuerdo adecuado para el pueblo.
Puede que sea porque el Parlamento Europeo está a miles de kilómetros de España y no tienen que molestarse en disimular, pero la misma Gran Coalición que niegan a diario en Madrid la practican aquí en cada pleno. La defensa de políticas sociales, bandera que agitaban con fuerza algunos durante la campaña electoral, se les olvida en Estrasburgo cada vez que aprietan el botón de las votaciones.
Así que, mientras nos organizábamos en la calle y en los ayuntamientos, mientras dábamos a conocer las consecuencias devastadoras del TTIP para las clases populares y conseguíamos que las negociaciones, en cierto modo, se hayan estancado, nos ponen encima de la mesa el TiSA, dejando claro que su voracidad no tiene límites.
Y seguiremos alerta, porque el TiSA forma parte de un conjunto de tratados que nos afectan directamente y que, de ser aprobados, cambiarán nuestras vidas para siempre. Al TiSA le acompañan el TTIP, el TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) y el CETA (Acuerdo Integral entre la UE y Canadá). Son acuerdos comerciales con distintos nombres pero con el mismo objetivo: imponernos la dictadura de las multinacionales, que sean ellas las que dicten las leyes y tengan toda una serie de herramientas jurídicas a su servicio. Que todo quede atado por arriba para que no haya margen para que los gobiernos legislen y los pueblos puedan decidir.
Aumentarán la explotación de los trabajadores y trabajadoras, privatizarán servicios públicos y seguirán esquilmando los recursos naturales para engordar sus beneficios a costa de las vidas de millones de personas y la supervivencia de nuestro planeta.
El capital no tiene fronteras, y los poderosos están muy bien organizados. Estos tratados de libre comercio son prueba de ello. Por eso, nosotras y nosotros hemos de recuperar el internacionalismo, los lazos de los trabajadores y trabajadoras por encima de fronteras. Esto es lo único que puede pararles. Ahí es donde reside nuestra fuerza.


18 agosto, 2014

“La deuda pública crece 208.000 euros al minuto… ¿no dijo Rajoy que no había que gastar más de lo que se ingresa?”



El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, advierta a ELPLURAL.COM de que este desequilibrio en las cuentas públicas y una reforma fiscal contraproducente se traducirán en “más recortes”
Ajeno a las datos de deflación que reflejan la debilidad de la capacidad adquisitiva en España y del parón de Alemania que repercutirá en el país, Mariano Rajoy declaraba este jueves que España ha sido el país del euro que más ha crecido en el segundo trimestre del año con un incremento del 0,6% del PIB. Pero el dato del día lo ha ofrecido el Banco de España al confirmar que la deuda pública ha superado por primera vez el billón de euros al alcanzar 1.007.319 millones en junio y ya está en el 98,4 % del PIB.
Economistas preocupados
Las alarmas han sido numerosas y EFE ha recogida varias. Por ejemplo el economista José Carlos Díez advertido de que es preocupante el montante de la deuda “pero es más preocupante la velocidad de crecimiento” de la misma. Para el catedrático de Economía de la Bangor University e investigador de Funcas Santiago Carbó, el endeudamiento también está avanzando más rápidamente de lo que se esperaba y además aunque baje el interés nominal que se paga por ella “la baja inflación reduce mucho el efecto de esa reducción de costes”. Y el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, subraya que la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno no contribuirá a reducir el déficit.
El reloj de la deuda
Una de las voces que más gráficamente ha expresado el ritmo al que crece la deuda ha sido el diputado socialista Pedro Saura, portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso, quién ha subrayado en Twitter como por segundos se incremanta la deuda pública.
Las consecuencias del desequilibrio: más recortes
En declaraciones a ELPLURAL.COM, Saura ha recordado que este incremento de la deuda se produce a pesar de los recortes y después de que Rajoy hiciera campaña insistiendo en que “no se puede gastar más de lo que se ingresa”. “Las cuentas públicas están desequilibradas y encima se les ocurre bajar impuesto de sociedades y el IRPF a las rentas más altas, Es una reforma fiscal injusta que transfiere recursos de las rentas bajas y medias a las altas y que no servirá para cuadrar las cuentas”, insiste Saura, que tiene claro el resultado de este creciente desequilibrio: “Habrá más recortes”.
“Una España del telediario y otra real”
En cuanto al triunfalismo de Rajoy a pesar de los datos el diputado socialista cree que “intenta vender sí o sí que España sale de la crisis, pero esa España del telediario contrasta con la real”. Para Saura, “mientras la renta per cápita no crezca y se reduzcan las diferencias salariales y las desigualdades sociales, que están aumentando, no se podrá hablar de recuperación por mucho que intenten llevar el debate a si el PIB crece una décima más o menos”.



09 agosto, 2014

Los movimientos contra la deuda en el Estado español

Desde el despertar de las plazas en 2011, la atmósfera política en el Estado español ha cambiado drásticamente. La frustración, la desesperación y el miedo, en lugar facilitar el auge de la extrema derecha, se han canalizado “hacia la generación de espacios de vinculación, apoyo y resistencia que…ayudan a superar la soledad, el miedo y generan la fuerza colectiva para resistir y transformar la realidad en la buena dirección”.




Desde que estalló la crisis financiera en 2008, esta ha ido adquiriendo paulatinamente mayor calado e importancia. Lo que decían que era solo un problema de liquidez financiera parece que acabará siendo un punto de inflexión en la Historia contemporánea. La crisis del sector financiero se convirtió en poco tiempo en crisis de las finanzas estatales, debido a la presión política y la especulación que el sector financiero ejerció sobre los Estados que los rescataron, llevando a algunos de ellos a la quiebra, como Grecia, Portugal e Irlanda. Estas políticas de rescates a bancos y de recortes podrían llamarse perfectamente de expolio, y tienen el objetivo de imponer el modelo neoliberal que concentra la riqueza a base de desposeer y asfixiar a la ciudadanía.
Como decíamos, la crisis ha ido mutando sus adjetivos, pasando de financiera a económica, social, ecológica y, finalmente, de civilización. La indignación con este sistema devorador de personas y del medio ambiente provocó revueltas sociales a partir de 2010 en el norte de África, Europa y los Estados Unidos. Las primaveras árabes nacieron de la Revolución Tunecina en diciembre de 2010, que reclamaba el fin de la dictadura en el país. La revuelta se extendió después a Egipto y a diferentes países del norte de África y Oriente Medio, donde la ciudadanía salió a las plazas con demandas similares a las de Túnez. En poco tiempo surgieron también en el Estado español –así como algunas capitales de Latinoamérica y de todo el mundo– protestas en las que, de forma similar a las protestas árabes, la indignación se transmitía a través de las redes sociales de internet. Estas revueltas, a las que se ha llamado Primavera Árabe, el despertar de las plazas, o movimiento Occupy, que se extendieron por todo el país y otras capitales europeas.
Los debates de las plazas en Europa y los Estados Unidos surgían de la disconformidad con las ‘democracias formales’ en las que vivimos, que en realidad se percibían como eso: democracias solo de nombre pero no auténticas, en las que unos pocos tienen muchos privilegios a costa de la mayoría. De ahí que aparecieran consignas como las del “Somos el 99%” de Occupy o el “No nos representan” del 15M. En estos debates se iniciaron propuestas para avanzar hacia un proyecto de sociedad que profundice en la democracia en aspectos como conseguir la participación en la toma de decisiones colectivas o públicas; la exigencia de responsabilidades; mayor transparencia; cambios en la economía hacia objetivos que nos sirvan a todos y todas y que compartan mejor la riqueza generada; garantizar la protección, la inclusión, la educación y los cuidados para todos y todas; y la creación de espacios comunes en los que la solidaridad pueda florecer, buscando que el sistema sea lo más armónico posible con la naturaleza.
Con estas ambiciones colectivas aparecieron asambleas y grupos que trataban muchos de estos temas, por ejemplo movilizándose para defender los espacios públicos ya existentes, como en el caso de la educación y la sanidad públicas con plataformas como las Mareas Ciudadanas, o iniciativas como Economía Sol y Seminari Taifa, que han promovido el trabajo y el debate con el objetivo de impulsar alternativas más justas y funcionales. En otras ocasiones, los grupos aparecieron para denunciar los abusos y delitos en el sector bancario, como en el caso del 15MpaRato, que denunció las estafas cometidas por la dirección del banco rescatado Bankia, uOpEuribor, que se centró en investigar y denunciar la manipulación de los tipos de interés hipotecarios del Euribor. Otras plataformas, entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el Estado español y Strike Debt en los Estados Unidos, se han dedicado a dar apoyo a los ciudadanos y ciudadanas que asumieron deudas personales que les oprimen y que no pueden pagar, por lo que son desahuciados de sus casas y acosados por los bancos y las agencias de cobro en un momento en el que muchas personas no tienen ningún ingreso, ni visos de tenerlo.
La PAH, que es un grupo clave en el actual momento de cambio, ha destacado por su estrategia inteligente, que combina diferentes objetivos y actividades. Su organización se ha basado en promover la creación de grupos a nivel local (o de barrio en grandes ciudades), en los que las personas amenazadas por el impago de hipotecas y los desahucios se reúnen para expresarse, vincularse y encontrar estrategias para resistir a esta opresión. Dentro de sus acciones, destacan la resistencia a los desahucios con su presencia física y ocupación. De esta forma se han evitado más de 1.000 desahucios desde el inicio de la crisis (aunque, a pesar de ello, en el Estado español se registran en estos momentos casi 200 desahucios al día). Otra iniciativa se ha centrado en las ocupaciones, tanto de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores, como de edificios en propiedad de la SAREB o ‛banco malo’ –una sociedad creada por el Gobierno para comprar los activos tóxicos del sistema financiero– con el fin de alojar a familias desahuciadas. Esta iniciativa se conoce como Obra Social la PAH. La PAH también ha intervenido en el ámbito institucional, llevando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso de los Diputados y solicitando la dación en pago como opción para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. A pesar de ello, la propuesta fue rechazada por el Gobierno del Partido Popular (PP), con mayoría en el Gobierno, que elaboró una nueva ley con ligeros cambio cosméticos que no solucionaron ninguno de los problemas. Para presionar a los políticos del PP, la PAH ha realizado distintas campañas de escrache, consistentes en convocar concentraciones frente a los hogares de los políticos y durante actos públicos de aquellos que se oponen a realizar estos cambios, con el objetivo último de transmitirles el malestar de los desahuciados.
Las movilizaciones contra la deuda pública ilegítima
La aparición de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) reunió a finales de 2011 a activistas con una larga tradición en la lucha contra la deuda externa ilegítima en el Sur Global, como integrantes de la red Quién debe a Quién y del Observatori del Deute en la Globalització, junto con personas movilizadas por el estallido de las plazas contra la presente crisis de la deuda pública, impuesta en el Estado español. Esta Plataforma tomó desde el primer momento el referente de las auditorías ciudadanas llevadas a cabo en Brasil y Ecuador, en las que se analizaron las deudas del Estado para ver si su origen era legítimo o si había sido generada en contra de las intereses de la ciudadanía. Su objetivo es el de movilizar y sensibilizar a la población para que participe en un proceso de aprendizaje de los conceptos financieros básicos, de estudio de cómo se contrae la deuda, de demanda de transparencia y de responsabilidades, y finalmente de repudio de la deuda que la ciudadanía considere ilegítima.
Para realizar estas acciones, la PACD ha llevado a cabo desde su nacimiento un proceso colectivo de elaboración y debate sobre la definición de deuda ilegítima. También ha realizado un proceso similar para desarrollar un método de auditoría ciudadana en el que se determine la legitimidad o ilegitimidad de la deuda, basándose en trabajos previos realizados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en Ecuador.
Para facilitar la compresión de este tema –que no es fácil–, se han elaborado textos, exposiciones con dibujos y vídeos con formato pedagógico, explicando cómo se generó la deuda en el periodo reciente. Además, se han escrito informes técnicos de análisis de la fiscalidad, de los rescates bancarios y, del gasto y la deuda militares. Por otra parte, periódicamente se organizan charlas y conferencias, se publican artículos en prensa y se realizan apariciones en los medios para divulgar estos mecanismos que generan deuda ilegítima y para promover la campaña por las auditorías ciudadanas y la democratización de las finanzas públicas.
Recientemente también se han realizado campañas como Multireferèndum, que aboga por consultar a la ciudadanía sobre si debe pagarse la deuda ilegítima,o la organización de mociones contra la deuda ilegítima en los ayuntamientos, generada por el Plan de Pago de Proveedores, y que han sido aceptadas en varios municipios. Esto supone una victoria simbólica importante, al introducir el concepto de ilegitimidad de la deuda en el ámbito de la política institucional.
Otra iniciativa muy destacada enfocada a la transparencia y el empoderamiento ciudadano en el ámbito municipal promovida por la PACD y que ya se extiende por diferentes países de todo el mundo, es la de los Observatorios Ciudadanos Municipales. Consiste en grupos de personas que gestionan una web referente a su municipio, desarrollada con software libre (y fácilmente replicable), que publica los presupuestos municipales y promueve las consultas a los ayuntamientos por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta iniciativa acaba de cumplir dos años y ya está activa en varios municipios del Estado español, entre los cuales Girona, Burgos, Lleida, Sabadell, Castelldefels y Terrassa. Afortunadamente, la PACD no es la única iniciativa por las auditorías ciudadanas; el movimiento se extiende por toda Europa y algunos Estados del norte de África. Estos grupos forman la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda (ICAN, International Citizen Audit Network), y se reúnen de forma periódica (en marzo de 2014 tuvo lugar su IV Encuentro en Londres). Además, se comunican por internet de forma habitual para compartir trabajo y organizar campañas conjuntas. La red está formada por grupos como ELE de Grecia, Anglo is Not Our Debt de Irlanda, Debt Resistor UK y Jubilee Debt Campaign del Reino Unido, Iniciativa de Auditoria Cidadã à Divida Pública (IAC) en Portugal, Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique (CAC) en Francia, y muchos otros.
El nuevo panorama político que viene
La confluencia de todas estas movilizaciones está evidenciando la falta de legitimidad del sistema. Las movilizaciones y campañas de resistencia y sensibilización, muy activas en el Estado español, han dificultado, por ejemplo, el auge de la extrema derecha, como sucede en otros Estados europeos donde estas movilizaciones no han sido tan potentes. Esto es debido a la canalización de la frustración, la desesperación y el miedo hacia la generación de espacios de vinculación, apoyo y resistencia que, acompañados de un discurso que permite una mejor comprensión de las causas y de los responsables reales de los actuales problemas sociales, ayudan a superar la soledad, el miedo y generan la fuerza colectiva para resistir y transformar la realidad en la buena dirección. Se evita pues buscar falsos culpables que sirvan para desviar la atención lejos de las élites políticas y económicas, canalizando el miedo y la rabia hacia los más débiles, como lo hace el fascismo.
Las mismas movilizaciones cuestionan el bipartidismo político que se atrinchera en el parlamentarismo no participativo, que se extiende por todas las democracias europeas. La legitimidad del régimen español también es cuestionada desde Catalunya por la izquierda independentista representada por grupos como la CUP o elProcés Constituent, que persiguen, con voluntad emancipadora, la autodeterminación y separación de los Países Catalanes con respecto al Estado español para desarrollar un proyecto social más justo. Nuevas opciones políticas como Podemos en el ámbito estatal o Guanyem Barcelona en el ámbito municipal, que penetran el panorama de la política institucional con sensibilidades, ideas y maneras de hacer surgidas de las plazas, se suman a las alternativas que nos permiten ser optimistas.
El Estado español es un símbolo de este momento de incertidumbre e inflexión. Su régimen, la monarquía apuntalada por una constitución dudosa y un bipartidismo deslegitimado, se tambalea. En estos momentos, las élites políticas y económicas del Estado fuerzan un intento de imponer un nuevo rey, y de mantener el actual déficit democrático por unas décadas más, realizando pequeños cambios políticos para lavar la cara al régimen, y haciendo oídos sordos a las voces ciudadanas que piden poder decidir. Este intento es una jugada desesperada para frenar su caída y la cristalización de las protestas de los últimos años. En esta ventana de oportunidad que se abre, debemos hacernos oír más que nunca para que los sueños que se vislumbraban distantes en las plazas pasen a ser la nueva realidad.

*El artículo original fue publicado por la organización europea Transnational Institute, a 30 de Junio de 2014, y firmado por Sergi Cutillas, colaborador de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda



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Posted by Jaleo Juventud Andaluza Independentista on Miércoles, 15 de abril de 2015

¡Es el capitalismo, estúpidos!

En todo el mundo, las comunidades indígenas sufren el devastador robo de sus tierras

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