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07 diciembre, 2018

¿De verdad el problema clave es el Tribunal Supremo?

Publicado en Jueves, 08 Noviembre 2018




El escándalo producido por la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de invalidar una sentencia firme de la sala de lo Contencioso del mismo Tribunal ha tenido la gran virtud, no sólo de mostrar “quién manda aquí”1, sino de hacer inocultable la podredumbre que impregna a “las más altas instancias del Estado”.
La indignación razonable no debiera llevarnos a tratar esta sentencia como un caso aislado. Tampoco como la manifestación esencial del problema. Esta sentencia se une a la lista de escándalos protagonizados por ese Tribunal. Cada vez más gente de a pie sabe que eso ocurre cada día en multitud de tribunales y despachos oficiales y que, si no son suficientes las “puertas giratorias”, se recurre a presiones directas más violentas.
Eso sucede aquí, en cualquier país de la UE y en cualquier estado del planeta en el que el poder real máximo resida en una plutocracia que controla los bancos y las grandes multinacionales y que tiene los poderes del Estado a su servicio. Se llama capitalismo.
Lo que evidencian casos como este es que verdaderamente, en algo, “Spain is different”. Aquí la cosa es más burda, como recuerdan los tribunales de derechos humanos o los de otros países de la UE. Ni siquiera hay que molestarse en guardar las apariencias. Permanece en las cúpulas de los aparatos del Estado la misma prepotencia impune que implantaron a sangre y fuego los vencedores de la guerra civil, que se ha mantenido desde la Transición bien guardada por el PSOE y el PP, y que hoy exhibe, insultante, el rey emérito.
Y esa tarea sigue pendiente, viva y apremiante, después de cuarenta años.
Pero el caso del pago del impuesto de las hipotecas, no sólo muestra la vergüenza de la corrupción evidente del “más alto Tribunal”.
Quienes - como el PP, y una ristra de tertulianos y “expertos”- argumentan que la sentencia debe aceptarse porque si se hiciera pagar el impuesto a los bancos se encarecería el precio de las hipotecas, están mostrando una realidad incontestable: el poder de los bancos es absoluto.
Y este inmenso negocio, desde el estallido de la crisis financiera y por obra y gracia de la Unión Europea y de su Banco Central (BCE), se hace sobre todo con dinero público.
El BCE con competencia exclusiva para imprimir y prestar dinero tras la desaparición de los bancos centrales de los países miembros, no puede comprar deuda pública de los Estados y sólo puede vender dinero a los bancos. El tipo de interés actual es del 0,25%.
El artículo 123 de su Reglamento prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública, pero cuando pese a todo hacen el favor de comprarla es a cambio de nuevas privatizaciones y reformas laborales, recortes en las pensiones, etc. ¿Cabe alguna duda de a quién representan?
El negocio se cierra cuando los Estados se ven obligados a comprar dinero a los bancos privados a cambio de deuda pública al tipo de interés “de mercado”, es decir, abonando para obtener dinero un interés mucho más elevado que el pagado por los bancos al BCE. Y la deuda pública aumenta y aumenta. Así, mientras los servicios y prestaciones públicos se desmoronan, La Troika y los bancos dicen que se debe a que “vivimos por encima de nuestras posibilidades y gastamos más de lo que ingresamos”. Los acreedores del Estado son los grandes bancos, de aquí y de fuera.
Y es el Estado, en este caso el español, quien con dinero público extraído de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las becas, etc, ha rescatado a unos bancos que ya han anunciado que no devolverán los más de 60.000 millones de euros que oficialmente reconocen haber recibido.
Son esos mismos bancos los que como hienas han arrojado, y arrojan, a la calle – y muchas veces al suicidio – a cientos de miles de familias obreras que no consiguen con sus míseros salarios, o desde el paro, pagar su hipoteca o su alquiler. El resultado: un millón setecientos mil desahucios desde que empezó la crisis y cerca de tres millones de viviendas vacías.
Y las decisiones las toman exactamente los mismos consejos de administración que se autoadjudican salarios astronómicos y exhiben beneficios record cada año.
Además, es a esos bancos a quienes como “prioridad absoluta” el Estado debe pagar la deuda pública contraída, tal y como obliga el artículo 135 de la Constitución y el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro de 2013. Para eliminar cualquier escapatoria, la Ley 2/20122 que desarrolla los marcos legislativos anteriores establece la tenaza de la reducción del gasto público que debe asegurar el pago de esa deuda.
Ese marco jurídico-político permite la intervención, real y directa, de la llamada Troika (UE, BCE y FMI), sobre los presupuestos de todas las administraciones públicas y de la Seguridad Social.
Curiosamente esa humillante intervención, a la que se van sometiendo dócilmente todos los gobiernos desde 2011, incluido el actual con su variopinto apoyo parlamentario, no les parece lesiva para la soberanía a tantos exhibidores de banderas y defensores de la patria. Pero lo más grave, es que se oculta sistemáticamente que los programas políticos y las promesas de cambio que construye con desparpajo el “relato” de PSOE y Unidos Podemos son rigurosa y estrictamente papel mojado en el vigente marco jurídico-político de la UE y del Euro. El ejemplo de Syriza ahorra más argumentos.
Esta esperpéntica situación, responsable directa de la miseria y la desesperación de millones de personas, es la que – contra toda lógica – parece intocable e inamovible, y ante la que doblan la rodilla, derechas y supuestas izquierdas.
Obviamente, esa sacrosanta intangibilidad de los auténticos pilares del poder se asienta sobre el desconocimiento por parte de la mayoría del funcionamiento del siniestro engranaje de la dominación. Y se alimenta cuando ante situaciones como la actual, que muestran al desnudo el omnímodo poder del capital, la izquierda institucional señala solamente a sus esbirros, en este caso al Tribunal Supremo. El magnate del automóvil, Henry Ford decía que si la gente supiera como funciona el sistema financiero habría una revolución antes de mañana. ¿A quién sirve el silencio acerca de la mano que mece la cuna?
La crisis, mejor dicho, las consecuencias de la crisis, arrojadas brutalmente sobre las condiciones de la inmensa mayoría, arrancan máscaras y, aún a pesar de todos las maniobras de confusión, la realidad se abre camino. Ante la conciencia de cada vez más gente se abre paso la necesidad de plantear objetivos políticos indispensables, de los que no se habla en las instituciones.
La expropiación de la banca, negar el pago de la deuda y salir del Euro y de la UE, constituyen la única alternativa, la condición sin la cual no hay cambio posible.
8 de noviembre de 2018
1Titulo del artículo que escribí el 24 de octubre tras conocerse la decisión del Presidente del Tribunal Supremo de suspender y reconsiderar la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. http://insurgente.org/angeles-maestro-quien-manda-aqui/
2En este enlace puede consultarse la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5730
Aqui el Informe realizado por red Roja sobre la misma Ley: http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos


Ver también:


13 diciembre, 2017

Comunicado a la ciudadanía




CARTA PUBLICA A LA CIUDADANIA:
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS SOCIALES, Y EL AUTOGOBIERNO DE AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
EXIGIMOS LA DEROGACION DE LA LEY ORGANICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El gobierno del estado, a través del Ministerio de Hacienda, ha intervenido recientemente las cuentas del ayuntamiento de Madrid impidiendo la aplicación de políticas públicas y sociales que benefician a la mayoría de la ciudadanía y especialmente a la población más vulnerable.
Esta tutela autoritaria del ayuntamiento de Madrid se realiza en aplicación de la “Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012 tras su aprobación en el Congreso de Diputados con el apoyo del PP, UPyD, UPN y CiU. Esta Ley, se inspira en la contrarreforma de la constitución española mediante el artº 135, que tuvo el apoyo del PSOE y PP en septiembre de 2011, y anticipa en España el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” en vigor desde el 1 de enero de 2013.
En una Carta pública enviada al Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2016, suscrita por personas del ámbito de la política, la cultura y los movimientos sociales, se denunciaba las consecuencias negativas que dicha legislación tendría sobre el bienestar de la mayoría social, al blindar las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Comisión Europea y el BCE, imponiendo objetivos arbitrarios sobre el déficit, la deuda y el gasto social públicos, opuesta a considerar otras políticas económicas alternativas, como las medidas de progresividad fiscal y lucha contra el fraude, recuperación de soberanía económica y popular, o sin tener en cuenta la propia evolución dela coyuntura económica, etc.
También se advertía en dicha Carta sobre la ruptura del equilibrio institucional entre el Gobierno central, el de las Comunidades autónomas, y el autogobierno municipal, y que la recentralización del estado que se ponía en marcha agravaría las tensiones territoriales en España.
Estos temores se han visto ampliamente confirmados. Como consecuencia de dicha legislación retrógrada nos encontramos ante la creación de un Estado “Gendarme” al servicio de los intereses de las élites que explotan y defraudan fiscalmente y que a su vez se arrodilla servilmente ante las oligarquías centroeuropeas y la banca y fondos transnacionales.
Ni siquiera la relativa mejora de la coyuntura económica ha permitido flexibilizar la aplicación de la legislación que blinda las políticas de privatizaciones y recortes sociales. En realidad, se trata de imponer a cualquier precio el objetivo de dominación de un Gobierno neoliberal en minoría parlamentaria. El gobierno de mariano Rajoy quiere evitar que las políticas sociales de los ayuntamientos del cambio puedan fructificar, hacerse visibles, y alentar la esperanza de cambio entre la mayoría social.
La intervención del Ministro Montoro sobre las cuentas del ayuntamiento de Madrid, y previamente sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña, lanza un mensaje amenazante al autogobierno de los ayuntamientos de España y de las Comunidades autónomas.
El actual gobierno del ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que gestionar con notable éxito la gigantesca deuda heredada y la desastrosa gestión trufada de corrupción y fraude de los anteriores alcaldes del PP, merece nuestro apoyo y solidaridad.
La defensa de la democracia, del derecho al autogobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas, para impulsar políticas sociales y de inversión pública en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, son incompatibles con las leyes que imponen de manera dogmática las políticas de ajuste y austeridad.
En consecuencia, las personas abajo firmantes, llamamos a adherirse a esta Declaración y movilizarse por el objetivo de derogar la “Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, elevar esta demanda al Congreso de los Diputados, así como exigir la dimisión del Ministro de Hacienda Sr. Cristobal Montoro, amigo de quienes defraudan al fisco y enemigo de los ayuntamientos e instituciones que gobiernan a favor del pueblo.
Noviembre 2017

Primeros firmantes
Julio Anguita González
Concepción Abellán Carretero, activista de Vamos
Felipe Alcaraz Massat, expresidente del PCE
Alberto Álvarez Vega, taxista y activista Elite taxi
Alejandro Andreassi Cieri, profesor (jubilado) de Historia Moderna y Contemporánea-UAB
Pedro Antunez Marin, profesor y sindicalista USTEA
Mariano Aragón Pascual, director de ACIM (As. Catalana de Investigación Marxista)
Mª José Aubet Semmler, filósofa, socióloga, y activista contra los Tratados de la UE
Ventureta Ballus i Vinyallonga viuda de SANS – contable jubilada
Toni Barbarà Molina, médico, activista de Marea Blanca
M. Antonia Barón Fernández, auxiliar Administrativa
Javier Bernad Aguilar, técnico comercial
Françoise Bonnetier Sourjac, profesora jubilada
Jaume Botey Vallés, profesor de historia de la Universidad Autónoma de Barcelona
Antonio Bujalance Cantero, secretario organización USTEA Córdoba
Rosa Cañadell Pascual, activista ILP de Educación y de Socialismo21
Rafael del Castillo Gomariz, activista antidesahucios Córdoba
Marcos de Castro Sanz, Jubilado
Washington Castro Mendez, Músico
María Teresa Cebrián Luque, Front Cívic
María José Coma Menéndez
Jorge Cortegana López, trabajador de SEAT (exdespedido)
Luis Cruz Miravet, sociólogo
Xesus Diaz Diaz, ex-secretaio xeral de CCOO de Galicia
Eva Mª Durán Blanco, periodista
Albert Escofet Sanchez, Plataforma Republicana
María Neus Escofet Sanchez, activista social
Santiago Fernandez Vecilla, miembro de Socialismo 21
Joaquin Fernandez Velazquez, médico
Ramon Franquesa Artés, profesor economía mundial Universidad de Barcelona, Coordinador Front Cívic de
Cataluña
Carmen García Ballesteros, Mesa estatal Frente Cívico
Juan García Ballesteros, profesor jubilado, presidente del Colectivo Prometeo de Córdoba
Maria Pilar Genovès Cailà, ama de casa y jubilada
Manuel Gómez González, miembro Comité de Empresa DAMM
Ildefonso Gómez Martínez, abogado Plataforma contra la impunidad del franquismo
Luis González Edreira, Maestro Industrial / Jubilado
Alberto Herbera López, trabajador de SEAT
Daniel Hierro Fresno, diputado de Podemos del Parlamento de Extremadura
Ignacio Jardón Arango, jubilado
Pedro Jimenez Muñoz, Front Cívic Prat de Llobregat
Rafael Jiménez García, activista Marea blanca y solidaridad con Cuba
Pere Jódar Martínez, Profesor de Sociología Universidad Pompeu Fabra
Salvador Jove i Peres, exEuropidutado
Pedro López López, profesor UCM
Antoni Lucchetti i Farre, economista y abogado
Patrizia Manzo Apice, activista social
Pere Mariné Jové, ingeniero, activista contra el turismo masivo y miembro Coordinadora CatComu
Manolo Marrero Morales, diputado Podemos Tenerife al Parlamento Canario
Pilar Martin, activista Marea Blanca y feminista Frida Kahlo
José Martínez Coy, activista social
Carlos Martinez García, co-primer secretario Alternativa Socialista
Manuel Martínez Llaneza, profesor Titular de Universidad
José Manuel Martínez Monereo, FCSM Pais Valenciano y miembro Mesa Estatal
Joan Mestres Giménez, activista movimiento desempleados
Francisco Molina Romero, jubilado de SEAT
Ivan Molinos Meire, sindicalista
Manolo Monereo Pérez, diputado de Unidos Podemos por Córdoba
Anna Monjo Omedes. Editora
Jordi Juan Monreal, miembro de la Cooperativa Colectivo Ronda
Juan Montero Ruiz, activista de los movimientos sociales
Pedro Montes Fernandez, economista, presidente de Socialismo 21
Pascual Moreno Torregrosa, Ingeniero agrónomo
Celestino Navarro Amorós, publicista y militante de EUPV
Juan Manuel Navarro Reina, Técnico en comunicación
José Antonio Naz Valverde, portavoz de Córdoba laica
María Dolores Nieto, concejal de Jaén en Común del ayuntamiento de Jaén
Arcadi Oliveres, Economista
Ignasi Orobitg Gené, agricultor apicultor
Francisco Palacios Romeo, profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza)
Jose Maria Parramon Homs, economista.
Miquel-Dídac Piñero Costa, libertario, pensionista, ex librero
Tomás Ramírez, FCSM Aragón y miembro Mesa estatal
Valentín Redondo González, activista sindical de CCOO
Clara Rivas Sugrañes
Juan Rivera Reyes, Coordinador Frente Cívico estatal
Lara Rodríguez Cánovas, Abogada
Pedro Ignacio Rojas Planas, profesor de secundaria
Carlos Ruiz Escudero, ingeniero
Domiciano Sandoval Valbuena, activista Marea Pensionista
Gabriel Sanz, profesor
Isabel Sanz, activista Marea Blanca y feminista Frida Kahlo
José Sarrión Andaluz, diputado IU en Junta Castilla-Leon y Coord. general IU Castilla-Leon
Santiago Silva Camps, profesor
Joan Tafalla Monferrer, maestro de primaria jubilado
Diosdado Toledano González, activista social
Agustín Velloso, profesor de la UNED
Núria Vidal de Llobatera Pomar, bióloga, Ecologistes en Acció



22 mayo, 2017

PETICIÓN CONTRA LA OTAN A LOS GRUPOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS




Con motivo de la movilización internacional contra la OTAN, sobre la que se está organizando una Concentración en Madrid para el día 25 de mayo, compañeros de las Organizaciones y Colectivos Contra la Guerra y la OTAN hicieron entrega de una Carta a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, recordándoles sus obligaciones con respecto a la defensa de la soberanía, traicionada por la pertenencia a la OTAN y la presencia de las bases norteamericanas en nuestro territorio.

(Descargar imagen  ejemplo de una de las CARTAS)

(Enlace a la CONVOCATORIA a la Concentración)





400 migrantes libixs han perdido la vida en un naufragio en el Mediterráneo huyendo de la barbarie que dejó la OTAN en...

Posted by Jaleo Juventud Andaluza Independentista on Miércoles, 15 de abril de 2015

¡Es el capitalismo, estúpidos!

En todo el mundo, las comunidades indígenas sufren el devastador robo de sus tierras

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