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21 marzo, 2018

El PSOE se suma a PP y Cs para tumbar la ley que pretendía juzgar crímenes franquistas

Por Pepito Grillo - 20 marzo, 2018




Los grupos políticos proponentes no han logrado encontrar un terreno común con el PSOE para abrir la puerta a la investigación de crímenes franquistas. Así lo ha reflejado el debate en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Unidos Podemos y sus confluencias  –junto al PNV, ERC y EH Bildu– para modificar la Ley de Amnistía y poder investigar así delitos graves cometidos por la dictadura franquista. Con su negativa el PSOE ha impedido la reforma de la norma tal y como lo exigen las organizaciones que luchan a favor de la memoria histórica.
La propuesta planteada consistía en añadir un nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el siguiente redactado: “Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.
Pero los de Ferraz han alegado “inseguridad jurídica” en el texto presentado para rechazar su toma en consideración, lo que ha provocado permanentes críticas y alusiones de los grupos de izquierda en el Congreso, que han acusado a los ‘pesoeístas’ de querer mantener la impunidad de los crímenes del franquismo. La portavoz de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, ha llegado a asegurar que la argumentación del partido liderado por Pedro Sánchez para no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley “es echar más tierra sobre las fosas” de las víctimas de la dictadura.
En la misma línea del PSOE se han manifestado el resto de grupos profranquistas, que como los de Sánchez también han votado contra la toma en consideración de la reforma. Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha acusado a los proponentes de “demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra seguridad jurídica”, de realizar un “ejercicio de reescritura de la historia” y de tener un “sentimiento de revancha”. A su juicio, “la izquierda quiere deshacer lo que hicimos bien”. El diputado del PP Miguel Lorenzo se ha limitado a señalar que los delitos cometidos en el franquismo “estarían prescritos”, además de acusar a los grupos de izquierda de “mentir” a las víctimas por decirles que los autores pueden ser perseguidos.

Artículo 10 de la Constitución

Una de las más enérgicas en su discurso a favor de la propuesta ha sido la diputada del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz, que ha recordado el artículo 10 de la Constitución que dice que las leyes se deben interpretar en función de los tratados internacionales, para argumentar que también la Ley de Amnistía se debería adaptar a la investigación de los delitos de lesa humanidad contra los que España ha suscrito diversos tratados.
A los partidos que se han mostrado en contra de la iniciativa –PP, PSOE y Ciudadanos– les ha dicho que, al hablar de los crímenes franquistas se hace mención a “vulneración de derechos humanos”. “Nos han hablado de dos bandos que habían cometido crímenes terribles y que era mejor olvidarse. Nosotros creemos que no”, ha asegurado. Además, ha lamentado que la Ley de Amnistía “iguala a asesinos y a sus víctimas, nos dice que es igual el torturador que el torturado, la violencia y la cultura o el fascismo y la democracia. Y no es lo mismo. Los negacionistas nos dicen que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Y no son lo mismo”, ha enfatizado.
Díaz ha recordado que si bien “el fascismo sacudió a toda Europa”, la “excepción española” respecto al final de otros regímenes autoritarios fue la impunidad. “El resto de los países lo impidieron por la vía democrática, en sus parlamentos. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en otros países una fundación como la Fundación Francisco Franco, que hiciera apología del franquismo”.
Por eso ha reivindicado “un nuevo tiempo de la verdad” en “un país sin miedo que reescriba la historia de verdad”. A su juicio, es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo para no olvidar y porque “las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo y descansar. Nunca más una ley de amnistía que promulgue la amnesia”, ha zanjado.
También vehemente, el diputado de ERC Joan Tardà se ha confesado “indignado y triste” por la posición de los socialistas “ante miles de familiares de víctimas y ante todas entidades memorialistas que desde años trabajan contra la impunidad”.
El rechazo del PSOE a la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía es, en su opinión “una gran oportunidad perdida” ante el “muro de la vergüenza” que supone el hecho de que aún no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. Es una oportunidad perdida, ha insistido, ante el riesgo de que en las próximas legislaturas PP y Ciudadanos puedan sumar una mayoría absoluta. Entonces “no habrá ni un resquicio para que podamos asumir este debate”.
Desde el PNV, su diputado Joseba Agirretxea ha querido también dejar claro que lo que pretende la proposición de ley suscrita por su grupo es denunciar “la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con los compromisos adquiridos por el Gobierno español”. Y ha señalado que de haberse aprobado la toma en consideración de la reforma, “la justicia no podría hacer caso omiso de las querellas que se presenten en torno a todos los crímenes cometidos con total impunidad”. También ha querido descartar cualquier ánimo vengativo en la propuesta: “No entendemos esto como una venganza o un ajuste de cuentas. La reparación no es venganza y la justicia no es abrir heridas”, ha dicho.
Con información de El Diario




25 julio, 2015

La ONU insta oficialmente a España a derogar la Ley de Amnistía e investigar los crímenes del franquismo


Por Kaos. Memoria histórica
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó este jueves a España que derogue o enmiende la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
España se sometió el pasado 6 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hoy el organismo ha presentado sus conclusiones.
El Comité muestra su “preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.
Es por ello que el organismo “reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto”.
Asimismo, los expertos del Comité se dicen “preocupados por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas”.
En particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas “se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate”.
Además, los expertos critican que haya dificultades para el acceso a los archivos, especialmente los militares.
Ante esta situación, el Comité pide a España que impulse activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado.
“El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.
Agencias


Ver También:



17 noviembre, 2014

Permiso para asesinar, también para robar el patrimonio público



Publicado por 


Al hermano pueblo argentino del que me siento parte, a su dignidad y justicia universal.

¿Cuál debe ser la cantidad de imputados/as por corrupción para que un partido político sea considerado una organización criminal?

Esta pregunta al frío viento del invierno sintetiza, resume lo que está sucediendo en los últimos años en el estado español. Un régimen con todo tipo de escándalos cuyos protagonistas son altos cargos del gobierno, de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, que están robando el patrimonio público, saqueando hasta el último céntimo de un país destruido, masacrado por una casta política sin escrúpulos, sin pudor, que está conduciendo a todo un pueblo a la más vergonzosa de las miserias.

Un funcionamiento mafioso de partidos teóricamente democráticos genera inseguridad y desconfianza en la ciudadanía, en las millones de personas que sufren las políticas de esta gentuza, sus recortes sociales, desahucios a palos de los esbirros policiales, desempleo, desnutrición, decenas de suicidios por razones económicas cada semana, mientras estos delincuentes aparecen en los canales televisivos pidiendo disculpas cada vez que son descubiertos, tal como hizo el antiguo rey Borbón, cuando se fue a Botswana con su amante alemana a cazar elefantes y se partió la crisma.

Cada día un nuevo caso de corrupción que inunda todo de basura y pestilencia, sobre todo al partido gobernante, ese hibrido de la dictadura franquista convertido en “demócrata de toda la vida” por el fascista Manuel Fraga. Un conglomerado de residuos fecales que invaden nuestra desesperación por no llegar a fin de mes, la preocupación de no tener comida para nuestros/as hijos/as, de vernos sin nada, sin trabajo, sin sueldo, sin dinero, sin casa, sin pan, gracias a estos pandilleros del coche oficial, los sobres, las tarjetas blacks y las putas caras.

Sufrimos ese terror que nos deja la boca seca, cuando vemos de lo que son capaces estos cuatreros, como nos roban los derechos, los servicios públicos que tantos años nos costaron construir, mientras se llenan los bolsillos de dinero robado, inflando sus cuentas corrientes en Suiza con la sangre del sufrido pueblo, con nuestro dolor, nuestros derechos sociales saqueados premeditadamente, atracados impunemente desde los despachos de estos viciosos psicópatas.

Este régimen cleptocrático construido en los umbrales del franquismo por la misma banda de ladrones que asesinó a un millón de antifascistas, en una transición que “dejó todo atado y bien atado”, por supuesto para seguir robando a manos llenas, donde el propio presidente, el falangista Adolfo Suárez, sabía a la perfección junto al etílico Borbón, que en la Argentina se iba a asesinar a 30.000 personas, que los sanguinarios militares del criminal general Videla irían casa por casa, escuela por escuela, fabrica por fabrica para a masacrar a parte de su propio pueblo, respaldados, según documentos secretos en manos del Diario Público, por el ultraderechista y corrupto gobierno español.

La impunidad de los asesinos franquistas es total, el gobierno los protege, los oculta, los encubre de la justicia internacional para que no sean juzgados por crímenes de lesa humanidad. Los ladrones de guante blanco no van a la cárcel, son indultados y si entran salen a los pocos meses para disfrutar del capital substraído, un botín de miles de millones de euros malversados de los presupuestos del estado.

El país de nunca jamás se llama ahora España, su particular Peter Pan es un presidente pasmado, ridículo, patético, torpe, estúpido, indecente, pero con la suficiente inteligencia para servirle fielmente a la delincuencia financiera internacional, matarnos de pobreza y dolor, logrando para orgullo nacional de los miembros de su partido, que en pocos meses más de cuatro millones de niños/as estén pasando hambre, sobrevivan bajo el umbral del empobrecimiento extremo.

¿Cuál debe ser el límite de la paciencia de todo un pueblo para salir a las calles y encarcelar a los culpables de este atraco a mano armada contra nuestro futuro?



Las preguntas nos golpean como brisa indolente nuestras mejillas, la revolución de la justicia y la dignidad nos espera, solo falta tomarla de la mano dulcemente, inundar la noche de claridad y esperanza.






10 agosto, 2014

La falta de respeto, conciencia y compromiso revolucionario




Hay algo que no entienden quienes dirigen organizaciones políticas y se permiten el vergonzoso lujo de generar falsas expectativas, decepcionar a organizaciones integradas por personas que han perdido familiares de forma violenta. La escasa sensibilidad que muestran ciertos sectores de la autodenominada como  “izquierda”, con las familias de las víctimas del franquismo se hace constantemente manifiesta. Lo vivimos quienes hemos sufrido desde que nacemos el terror fascista, quienes nos criamos escuchando con ojos de niños asustados los relatos de los crímenes, los abusos de poder, las torturas, la persecución, el robo de propiedades, el maltrato constante sobre nuestros seres queridos.

Cualquier colectivo que haya vivido sucesos tan terribles en cualquier parte del planeta, que haya sufrido en sus carnes el grave delito de la lesa humanidad, requiere de un trato muy especial, de gran sensibilidad por parte de quienes se dedican a la política.

Deben entender que somos represaliados, olvidados, marginados por el régimen español que sigue ocultando premeditadamente el medio millón de crímenes franquistas, protegiendo vergonzosamente a sus asesinos y torturadores. Nos cierran puertas, nos criminalizan, nos acosan laboralmente, nos despiden de nuestros trabajos aún en 2014, tantos años después del golpe de estado, nos ridiculizan y nos definen como “anclados en el pasado”, “buscadores de odio”, “de rencor”, “removedores” de lo que según ellos, “hay que dejar para siempre bajo un manto de olvido”.

Por todo esto y por mucho más NO OLVIDAREMOS, NI PERDONAREMOS JAMÁS, ni a los asesinos de nuestros familiares, ni a quienes practican el siniestro juego del engaño, la mentira, la manipulación y la utilización de nuestra lucha para siniestros intereses, que no tienen nada que ver con la inmensa labor por la recuperación de la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación.






31 julio, 2014

La ONU da 90 días a España para decir qué hará con las víctimas del fascismo

Publicado el 30 jul 2014



El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición de que en un plazo de 90 días “presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo” para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.
El informe recuerda que España está “obligada” por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a “asumir su responsabilidad” y elaborar “una política de Estado comprensiva, coherente y permanente” que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. “Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”, dice el informe.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su.disposición a “continuar el diálogo constructivo con el Estado español” al tiempo que ofrece su “asistencia” para que España cumpla con declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. Estas son sus recomendaciones.
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione “mayor apoyo institucional y financiero” a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una “entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros” que se encargue de “todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones”. Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un “plan nacional de búsqueda” de estas personas y que lo ponga en marcha “a la mayor brevedad posible”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas.
2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que “los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”. Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas…), pero los juzgados casi nunca contestan.
3. Justicia. Investigaciones “de oficio”. Naciones Unidas recomienda “investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas”. Para ello, reclama “eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales”, como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto.La ONU propone a España “actualizar, depurar y poner a disposición del público” la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.
4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione “los fondos adecuados” para que la ley de memoria histórica “pueda aplicarse” y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que “vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” . Y reclama, especialmente, la “implementación” de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España “fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación” y garantizar un banco nacional de ADN que integre “muestras genéticas de todos los casos denunciados”.
6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.
7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.
Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.




21 julio, 2014

El asesinato de un pueblo

En La Teyera (Asturias) fueron asesinados durante la Guerra Civil 15 vecinos de los cerca de 50 que habitaban el pueblo por entonces. Descendientes de las víctimas presentan una denuncia en la embajada de Argentina en Madrid que se adhiere a la Querella presentada contra los crímenes del franquismo en Buenos Aires

ALEJANDRO TORRÚS - Madrid - 20/07/2014



Quince vecinos fueron asesinados, siete pasaron por diferentes campos de concentración y prisiones y otro más fue desterrado. No son cifras espectaculares. El lector podrá decir que prácticamente en cualquier localidad española un número mayor de personas fue asesinada durante la Guerra Civil. Sin embargo, hay un dato importante. La Teyera, pueblo asturiano donde se centra una nueva denuncia interpuesta por víctimas de la dictadura, no tenía en 1936 más de 50 habitantes. Miembros de la Guardia Civil y de Falange asesinaron a más de un cuarto de los habitantes del pueblo en apenas cuatro años.
Miembros de la Guardia Civil y de Falange mataron a más de un cuarto de los habitantes del pueblo
"Fue una masacre. No hay derecho a que en la historia de este país sólo se hable de reyes, reconquistas y guerras de independencia. ¿Por qué no se habla del daño que hicieron quienes nos arrebataron la II República?", se pregunta Joaquín Fernández García, nieto de una víctima de la localidad, que junto a otros familiares de víctimas de la localidad han denunciado estos hechos ante la embajada argentina en Madrid adhiriéndose a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.
La Teyera es un pueblo diminuto que se encuentra en Langreo (Asturias) a caballo entre los municipios de Sama de Langreo y Mieres. En 1936 había unas "cinco o seis casas, que albergaban al doble de familias, todas trabajadoras, vinculadas a la industria del carbón y al cultivo de pequeñas propiedades de tierra". A pesar de ello, constituía un importante valor para las fuerzas progresistas en la zona gracias a su ubicación geográfica y a las sedes del Sindicato Minero y de la Juventud Socialista Unificada. Las huelgas mineras y la revolución asturiana de 1934 pusieron las cartas sobre la mesa. Todos se conocían las caras en la zona pero no todos compartían los mismos ideales.
"Las huelgas mineras y el intento de revolución fue el punto de inflexión. Ahí es donde los de izquierdas quedaron marcados y sus nombres quedaron anotados en libretas. Una vez producido el golpe de Estado ya no tenían cabida en el pueblo. Los persiguieron hasta llegar a la atrocidad", denuncia Maximino Rodríguez, nieto de dos víctimas de la represión franquista en la localidad.
"Los vecinos de izquierda fueron marcados y perseguidos hasta llegar a la atrocidad"
Los dos primeros asesinatos se produjeron el 27 de octubre de 1937, sólo seis días después de la entrada en Gijón de las tropas franquistas. Fueron Vicente Rodríguez y Cecilio González. Ninguno había participado en la guerra. A Vicente lo sorprendieron en la calle y a Cecilio fueron a buscarlo a casa. Esposados iniciaron el camino hacia Santa Emiliano, donde tenía el cuartel la Guardia Civil. "Pero no entran al cuartel. En un monte cercano los someten a las más crueles torturas hasta causarles la muerte. Sus cuerpos son enterrados en el mismo monte (...) Y allí permanecerán sus restos hasta 1952 cuando la familia consigue recuperarlos", señala la denuncia, a la que ha tenido acceso Público.
Con la victoria definitiva de las tropas franquistas en la batalla del Norte, miembros de la Guardia Civil, del ejército, falangistas y mercenarios traídos de Marruecos comenzaron a instalarse en el pueblo para operar en una amplia zona. "Lo que era un espacio de actividades cívicas se convierte en escenario de violencia y muerte. Los ancianos, las mujeres y los niños tienen que hacer su vida entre aquellas tropas enloquecidas . Los jóvenes varones habían huido al monte o permanecían ocultos en refugios de casas", prosigue el escrito.
"Un lugar para actividades cívicas se convirtió en un escenario de violencia y muerte"
A partir de este momento, el número de víctimas va aumentando como un goteo. Pocos días después fallece en la prisión de Avilés el vecino Jesús Iglesias. El 4 de diciembre de ese mismo año dos hijos del asesinado Vicente, que habían huido al monte, eran detenidos y condenados posteriormente por un Consejo de Guerra a la pena de muerte. Después fue descubierto en el monte y "acribillado a balazos" otro hijo de Vicente, de mismo nombre. Carmen, la vecina que le protegía, fue enviada al Campo de Concentración de As Figueiras (Castropol). Otros dos hijos de Vicente también fueron perseguidos. Uno fue desterrado y el segundo, junto a su esposa, fue enviado al mismo campo de concentración.

Apaleadas hasta la muerte

Una vez eliminada la familia de Vicente, la violencia fascista se ceba con la familia de la viuda Pilar Terente. Todo comenzó cuando su hijo mayor, Belarmino Fernández, quien se niega a acudir al llamamiento de filas del ejército franquista y huye al monte. La respuesta de la Guardia Civil fue quemar el domicilio familiar dejando a la viuda y a cinco hijos pequeños en la calle. Belarmino, de 17 años, sería encontrado posteriormente en el monte y asesinado inmediatamente.
En octubre de 1938, llegaría el turno de la propia Pilar y su vecina Amada Zapico, cuyo marido estaba huido. La Guardia Civil las detuvo en su casa y las condujo al mismo monte donde ya habían sido asesinados dos vecinos, las asesinan y arrojan a una sima abierta por las explotaciones de la minería del carbón. Joaquín Fernández, nieto de Pilar, recuerda para Público la historia familiar que tantas veces ha escuchado en casa.
"Les cortaron el pelo, las violaron y les cortaron los pechos"
"Les cortaron el pelo, las violaron y les cortaron los pechos. Mi padre, que iba agarrada a sus faldas mientras la llevaban a la Guardia Civil, me lo ha contado. En este trayecto de apenas 500 metros un agente le dio un culatazo con el fusil y apartó a mi padre de mi abuela. Una vez solo con las dos mujeres las tiró a las dos por la chimenea de una mina", narra Joaquín a este medio. Argentina Zapico, hermana de Amada, de 90 años, aporta el siguiente testimonio a la denuncia:
"Yo misma en persona, acompañada de Helia, hija de Pilar, fuimos a ver el lugar donde las habían arrojado, después de asesinarlas. Era una chimenea de una mina. Se podían ver sus cuerpos perfectamente, no estaban muy profundos", detalla la hermana de una de las víctimas. Con el asesinato de Pilar quedaban cinco niños con edades entre los 7 y los 16 años huérfanos de padre y madre y completamente desamparados. Todos tuvieron que irse del pueblo y servir como criados.

"Una tropa enloquecida"

El siguiente en la larga lista de víctimas de la represión franquista de este pueblo es Samuel Solís. Fue fusilado en el cementerio de San Salvador de Oviedo. Después serían asesinados el marido de la ya asesinada Amada, Tomás Fernández, además de Aladino García, Silvino Iglesias, César Rodríguez y Eliseo Argüelles, todos ellos capturados en la montaña. "Los cadáveres de los dos huidos [en referencia a César y Eliseo] eran expuestos largo tiempo, como trofeos, en la plaza pública, para asombro de la vecindad y regocijo de sus carniceros", refleja la denuncia. Por las mismas fechas, otro joven cecino, Manuel González, fallece en el Penal del Dueso (Santander).
"Los cadáveres de los dos huidos eran expuestos largo tiempo, como trofeos, en la plaza pública"
La última persona en morir será la viuda de Vicente Rodríguez, Josefa Zapico. El 27 de octubre de 1941 esta mujer ya había sufrido destierro y había visto morir a su marido a dos de sus hijos y condenar a pena de muerte a otros dos. Sin embargo, no fue suficiente pena para sus verdugos. Ese mismo día, según describe la denuncia, una "tropa enloquecida entra en la casa violentamente. Le gritan. La insultan. La golpean con rabia, con fusiles y bastones. La tumban al suelo y la patean. La arrastran. Se ensañan con su cuerpo exhausto hasta límites inenarrables. Acaban con su vida y allí abandonan el cadáver".

Perseguidos

La persecución que vivieron sus familias también les afectó a los denunciantes, a pesar de no haber vivido la Guerra Civil. Joaquín recuerda cómo cuando tenía 10 años (corría el año 1962) y escanciaba sidra en el bar de sus padres cuatro falangistas entraron en el bar destrozando todo a su paso y propinaron a su padre varios golpes con sillas y botellas. "Me acuerdo que mis padres denunciaron el asalto pero la consecuencia fue que nos tuvimos que cambiar de pueblo también", recuerda Joaquín.
"No fuimos nosotros los que hicimos las cosas mal, fueron ellos. Y encima nos mataron"
Ahora, estos descendientes de las víctimas se han decidido a dar el paso y presentar las denuncias en nombre de sus tíos y abuelos. Argentina representa una puerta abierta a la esperanza. "Mi padre tenía ganas de denunciar y yo también. Lo hago por él y para que este país sepa lo que ha pasado hace no tanto tiempo. Lo tiene que saber todo el país. No fuimos nosotros los que hicimos las cosas mal. Fueron ellos. Y encima nos mataron", sentencia Joaquín.




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Posted by Jaleo Juventud Andaluza Independentista on Miércoles, 15 de abril de 2015

¡Es el capitalismo, estúpidos!

En todo el mundo, las comunidades indígenas sufren el devastador robo de sus tierras

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