Estamos ante una escalada de la represión injustificada y generalizada en todos los rincones del Estado español. Es una represión institucional que se ejerce desde la absoluta impunidad, que busca la provocación, que recurre a las viejas técnicas de policías encapuchados, infiltrados entre las y los manifestantes, montajes y filtraciones policiales... y que tiene como objetivo básico amedrentar a la población y criminalizar toda protesta o disidencia, en definitiva al activismo social y sindical.
Estamos ante un régimen que además de reprimir está alterando el orden jurídico para disponer de artilugios legales que le permitan ejercen la represión con total impunidad. El gobierno del PP está adecuando y reformando leyes propias de un Estado totalitario que se considera dueño de las vidas y derechos de la población. Así interpretamos el anteproyecto de reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), Ley de Seguridad Privada, la Ley de Tasas Judiciales, etc.
La gravedad de la represión actual que ejerce el Gobierno no está pasando desapercibida para el resto de Europa, para las Naciones Unidas, ni para organizaciones como Amnistía Internacional quien en un reciente informe de abril 2014 titulado “España: El derecho a la protesta, ¡amenazado!” dice: “las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho a la libertad de expresión y reunión”.
Efectivamente, son miles de personas las que están siendo identificadas, vejadas, multadas, golpeadas, procesadas, encarceladas, ... desde que comenzó la contestación sindical y social a la crisis/estafa. Son varios miles de personas las que se encuentran en ésta situación desde que se convocó la huelga general del 29 de septiembre de 2010 hasta las recientes Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo de 2014.
A modo de ejemplo, sólo en 2014, las peticiones de penas que pide la fiscalía suponen más de ciento cuarenta años de cárcel en los más de cuarenta procesos penales abiertos contra manifestantes y huelguistas, sin comprobar su implicación y culpabilidad. Los datos reunidos hasta el momento por CGT señalan que 59 de sus militantes se encuentran encausadas.
El régimen está recortando derechos y libertades a la ciudadanía, pero además es injusto y elitista, está corrompido y desacreditado, está siendo contestado y desautorizado por la mayoría de la población y tiene que recurrir a la represión y a la violencia para defenderse del pueblo que demanda derechos. El Gobierno legisla leyes represivas, la policía reprime en las calles y la fiscalía reconduce la represión a los tribunales en una simbiosis propia de los estados totalitarios.
Son muchos los colectivos y las personas que no están dispuestas a callar, a permanecer con los brazos cruzados viendo cómo los despiden, desahucian, recortan sus derechos laborales, sociales y libertades o privatizan los servicios públicos.
CGT tiene claro que no lo van conseguir. Son millones quienes están defendiendo la democracia directa, la justicia social, millones de personas dispuestas a ejercer el apoyo mutuo para resistir y avanzar. CGT llama a participar en las concentraciones que se celebrarán el 30 de septiembre y seguirá luchando hasta conseguir la absolución y liberación de la totalidad de las personas imputadas y encarceladas.
