Menos palabras y más hechos . Esta es la prueba de la blancura para terminar con las políticas de austeridad . Una carta a los diputados demuestra que la ciudadanía empieza a movilizarse para que parlamentarios adopten las siguientes decisiones:
1.- Desvinculación de España del “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”
2.- Derogación de la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”
CARTA PÚBLICA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
A los Grupos Parlamentarios
Señoras y señores diputados
Los guardianes del injusto orden neoliberal de la Unión Europea, el Sr. Juncker Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Dijsselbloem Presidente del Eurogrupo y el Sr. Moscovici Comisario europeo de Asuntos económicos y financieros, en diferentes declaraciones han exigido al gobierno de España nuevas medidas de “ajuste” para alcanzar los objetivos impuestos de déficit y deuda. Denuncian que el presupuesto español incumple “las reglas” y exigen un nuevo recorte de 9.000 millones de euros en 2016.
Su insolencia es intolerable. Tras castigar a las naciones y pueblos de Europa especialmente del Sur, con sus políticas fracasadas de ajuste y austeridad, que han condenado a la pobreza sectores crecientes de la ciudadanía, han favorecido el enriquecimiento de los más ricos, provocando por consiguiente el aumento de la desigualdad, continúan con su mantra del ajuste y austeridad. El estancamiento económico de la UE y los grandes desequilibrios que la acechan son el resultado de sus políticas al servicio de las oligarquías acreedoras dominantes.
¿Pero a que “reglas” fiscales se refieren cuando denuncian su incumplimiento?: Las que establece el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 países de la UE (con la excepción de Reino Unido y la República Checa) y que entró en vigor el 1 de enero de 2013.
Este Tratado que incluye mecanismos de corrección y sanción económica, con multas hasta el 0,1% del PIB (ver artº 7 y 8.2) a los países que incumplan sus “reglas” y objetivos de déficit, fue aprobado por el Congreso de diputados de España el 21 de junio de 2012 con 319 votos a favor y la oposición de las fuerzas políticas que demandaron la celebración de un referéndum al significar una grave cesión de soberanía popular.
Dicho Tratado, en donde los países firmantes se comprometen a apoyar las “recomendaciones” de la Comisión Europea, reformas, medidas de recortes, para cumplir con el pacto fiscal europeo, es un instrumento esencial para hacer cumplir las reformas de ajuste y austeridad “autoimpuestas” por los países miembros, como por ejemplo la contrarreforma constitucional española “exprés” del artº 135, aprobada con los votos favorables del PP y PSOE y sin consultarse en referéndum a la ciudadanía. Esta modificación constitucional entró en vigor el 27 de septiembre de 2011.
Paralelamente a la negociación y aprobación del Tratado, como concreción de su contenido en la legislación española y dar una señal anticipada de servidumbre a la Comisión Europea, se aprobó en el Congreso de diputados la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera” que entró en vigor el 1 de mayo de 2012.
Dicha Ley orgánica establece potentes medidas preventivas, correctivas y coercitivas en su capítulo IV, entre ellas la aplicación del artº 155 de la Constitución, contra las administraciones públicas que incumplan los objetivos fiscales de austeridad, ha sido un potente instrumento para re-centralizar el estado por la puerta de atrás y disminuir la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y administraciones locales. Esta nueva contra-reforma que concede un enorme poder al gobierno del estado, es una de las causas del descontento social general, ha roto el equilibrio institucional entre el gobierno central y el de las comunidades autónomas, y ha provocado una gran tensión que amenaza la propia unidad del estado español. La gran “sorpresa” se manifestó en la votación de esta ley, pues junto a las fuerzas centralistas de PP, UPyD, UPN, también votó a favor el grupo parlamentario de CiU…
En estos momentos, que la esperanza de un cambio social y político se ha extendido por la sociedad, que los partidos representativos de las políticas de ajuste y austeridad han sufrido un fuerte correctivo electoral, y que se abre la posibilidad de una alianza para conformar un gobierno por el “cambio”, los abajo firmantes decimos: Ningún cambio favorable a la mayoría social, a las clases trabajadoras y populares, que contemple las medidas necesarias de gasto social para recuperar los derechos sociales, crear empleo digno, distribuir la riqueza para reducir la desigualdad, será posible mientras no se desobedezcan las imposiciones autoritarias de los “guardianes” de los intereses de las oligarquías de la UE, no se recupere la soberanía popular cedida a las instituciones europeas, no se restablezca el respeto al autogobierno y las vías de diálogo, negociación y pacto con las comunidades autónomas y administraciones locales.
Por consiguiente, solicitamos a los representantes de la ciudadanía en el Congreso de Diputados, a los diversos grupos parlamentarios que adopten las siguientes decisiones:
1.- Desvinculación de España del “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”
2.- Derogación de la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”
También les expresamos nuestro apoyo a aquellas medidas que deroguen las últimas contrarreformas laborales, la “Ley Mordaza”, la LOMCE, la contrarreforma de las pensiones, la Ley de Sostenibilidad y racionalización de las administraciones Locales (LRSAL), así como de todas las leyes regresivas. Consideramos fundamental la derogación del artº 135 de la Constitución española, qué en caso de no producirse, añadirá más motivos a la reflexión y el debate entre la ciudadanía sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente que permita recuperar plenamente la soberanía popular.
1 de febrero 2016
Firmas:
Julio Anguita González, Alejandro Andreassi Cieri, Lourdes Alonso Perez (concejal de Villalazan), Floren Altuna Aldanondo (jubilado), Ignacio Aparicio Frutos (desempleado), Mercedes Arancibia Martín (periodista), Beatriz Arceredillo Martin (concejal de Parla -Madrid- ex alcaldesa de Parla), Antonio Arnau Carrillo de Albornoz, Joan Balart Cerdán (preimpresor), Toni Barbarà (Médico “Dempeus”), Josep Bell Gallart (sindicalista), Javier Bernad, Luis Blanco Maldonado (sindicalista), Judit Borrell i Massas, Jaume Botey Vallès (profesor UAB), Josep Manel Busqueta (Seminario de economía CriticaTaifa), Clara Camps Calvet (profesora), Ruben Campos Yeguas (concejal), Miguel Candel (profesor UB), Rosa Cañadell, Codina Camats (profesora idiomas), Maite Cebrián Luque (Secretaria Médica), Antoni Cisteró García (Ingeniero químico), Manuel Colomer Lluch, Teresa Corcobado Cartes, Jorge Cortegana (trabajador de SEAT), Cristóbal Crespo García (jubilado), Marco Delle Monache (profesor), Albert Díez Vañó (maestro y activista municipalismo alternativo),Miguel Angel Domenech Delgado, Albert Escofet Sánchez (activista Front Civic de Catalunya), Neus Escofet (activista social), José Estrada Cruz (sindicalista), Elsina Fernandez García (alcaldesa de Morales del Rey), Armando Fernández Steinko, Eduardo Luis Fernandez Basordi (obrero jubilado), Luis Fernández García, Ginés Fernández González (Director de Mundo Obrero), Jorge Fernadez Ruiz (concejal de Valcabado del Pan -Zamora), Santiago Fernández Vecilla, José Luis Ferrero Sandin (ex diputado provincial y portavoz de AD Zamora), Teresa Forcades i Vila, Ramón Franquesa, Diego Gallego Olea (alcalde de Castrillo de Guareña), Francisco Gallego Guerra (sindicalista), Juan Jesus Gallego Muñoz (concejal de Sanzoles del vino), Alvaro Garcia Mancheño (concejal de Pedrera por la CUT), Mª Pilar Genovès Cailà, Carmen Gil Dominguez (administrativa), Antonio Gil Mainar (activista social), Iñaqui Gil de Vicente, Ernesto Gómez de la Hera, Luisa Margarita Gonzalez-Jubete Navarro, José Antonio González Espada (abogado), Marcos González Sedano (Técnico Cooperación Internacional), Carmen Guil (secretaria General de Ahora Decide Zamora AS economista), Alberto Herbera López, Manuel Hernandez Casado (alcalde de Roelos de Sayago), Mireia Herrera (sindicalista), Javier Hernando Hernandez (Maestro de obras), Pedro Jiménez Muñoz, Carlos López Téllez (miembro Comité de Empresa Grupo Uno CTC), Pedro López López (profesor UCM), Susana López, Nines Maestro, Miguel Manzanera Salavert (profesor de filosofía), Alcides Marcos Garcia (concejal), José Martin (alcalde de Almaraz de Duero), Sebastián Martín Recio, Carlos Martinez Garcia (primer secretario de Alternativa Socialista), Silvia Martínez Grau (profesora), Mª. Pilar Massana Llorens (Trabajadora Social), Vicent Mauri i Genovés (Portavoz de Intersindical valenciana), Joan Mestres (activista movimiento desempleados), Joaquín Miras Albarrán, Neus Molina, Ivan Molinos Meire, Juan Montero Ruiz (activista marea pensionista), Pedro Montes Fernández, Rosa Muñoz Santaren (secretaria de pequeños municipios de AS y ex diputada provincial), Carmen Murias (activista social), Arcadi Oliveres, Gumer Pardo Peiró (sindicalista), Maria Isabel Parero LLamas (alcaldesa de Villalazan), José María Parramón Homs (economista), Marina Pérez (profesora y sindicalista), Andrés Piqueras, Inmaculada Rios Montesinos (concejal de San Javier -Murcia), Clara Rivas Sugrañes, Juan Rivera, Pere Rojas, Antonio Ruiz, Maria Josefa Saez Vilchez (concejal de Iznalloz -Granada- Miembro del Comité Federal del PSOE), Juan José Sainz Sainz (jubilado), Carmen Sanz Valdearcos, Rosario Segura, Manuela Simón Lara (Administrativa), Manuel Sosa Aparicio (Pedagogo y activista social y político), Joan Tafalla, Milagros Tello Dorronsoro, Diosdado Toledano González, Rodrigo Vázquez de Prada (periodista), Maria Isabel Vivancos Asensio (concejala de Mazarrón -Murcia).
