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El desmantelamiento de las democracias (pág. 31 a 33 del documento)
La coyuntura en la que estamos, la naturaleza estructural de gran parte de los problemas
económicos que tenemos planteados en este momento en España y el entorno en el que nos
movemos limitan extraordinariamente la capacidad de maniobra de cualquier gobierno, y
mucho más del que se plantee, como querría Podemos, hacer frente a los poderes que han
generado una crisis como la actual en un mundo tan frustrante como el de nuestros días.
Y a esas restricciones hay que añadir una adicional y decisiva que tiene que ver con el
“desmantelamiento de la democracia”, en palabras del filósofo alemán Jürgen Habermas,
que se está produciendo en toda Europa de la mano de los grandes poderes fácticos,
económicos y financieros. Un desmantelamiento que es la lógica consecuencia de la puesta
en marcha de las políticas orientadas a acabar con la Europa social y con los derechos de
millones de personas.
Todas las encuestas que se hacen en Europa y España muestran que entre el 70% y el
80% de la población no desea que se tomen las medidas que se están adoptando y que
suponen un auténtico derribo del Estado de Bienestar. La inmensa mayoría de la gente
manifiesta ser partidaria, por ejemplo, de subir impuestos a las rentas más altas antes que
recortar gastos sociales o contraria a privatizar los servicios públicos. Por tanto, para poder
realizar los recortes de gasto social y las privatizaciones que se vienen llevando a cabo es
necesario ahogar esas preferencias mayoritarias e impedir que los gobiernos actúen como
representantes y ejecutores de los deseos de la sociedad, es decir, acabar con la democracia.
El desmantelamiento de la democracia está siendo posible gracias a la progresiva
concentración del dinero, la riqueza, los medios de comunicación y el poder en pocas manos
y eso es lo que permite a los grupos oligárquicos dominar a su antojo a las instituciones y a
gran parte de la clase política.
Se trata de un fenómeno que se viene dando en todos los países pero muy particularmente
en España y que dificulta igualmente la puesta en marcha de políticas económicas deseadas
por la sociedad pero mínimamente alternativas a la actual situación.
La gran concentración de riqueza y poder existente en nuestro país es la causa principal
de la degeneración de la democracia y de la corrupción que anega a la vida política.
Quince familias controlan 23 de las 35 empresas más grandes de España y las 20 mayores
fortunas de España tienen una riqueza equivalente a la del 20% de la población más pobre.
Y, según demostró el profesor Santos Castroviejo, cuando comenzaba la crisis solo 1400
personas controlaban recursos que equivalen al 80,5% del PIB, una situación que hoy día
posiblemente se haya agudizado.
La organización no gubernamental Oxfam Intermon afirma que la gran desigualdad que se
ha generado en España, especialmente en los últimos años en que hemos llegado a ser el
segundo país más desigual de Europa, ha producido un “secuestro democrático”. Y afirma
en uno de sus últimos informes que España se encuentra en el punto “en el que rectifica o
pierde tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, para convertirse en
una sociedad dual de ricos y pobres”.
Pero si la democracia en su conjunto es débil y poco auténtica en la España actual, en
materia económica se puede decir que es prácticamente inexistente. El pueblo español
no participa en los debates económicos, no tiene acceso a datos reales sobre lo que está
sucediendo, no dispone de las claves que hay detrás de las grandes cuestiones económicas
y, por tanto, no puede decidir sobre los asuntos económicos que son, en realidad, de los que
depende su bienestar y felicidad.
El carácter incompleto de nuestra democracia y su ausencia prácticamente total en materia
económica es el obstáculo principal con el que nos encontramos para poder aplicar políticas
que no sean tan antisociales como las que se vienen aplicando. Mientras que, por el contrario,
disponer del “poder protector de la democracia” ante la crisis, en palabras del Premio Nobel
de Economía Amartya Sen, es el prerrequisito esencial para poder llevar a cabo políticas
alternativas. Y de ahí que el reto principal y la primera tarea para poner en marcha un
programa de reformas que proporcionen más bienestar a las personas y un funcionamiento
más estable de la economía sea introducir la democracia en los procesos de toma de
decisiones económicas, garantizando el debate social y la participación de toda la sociedad.
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